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El juez penal de garantías Alcides Corbeta manifestó tras la audiencia que la Fiscalía solicitó las medidas alternativas, que consisten en prohibición de salir del país y comparecencia mensual para firmar el libro respectivo.
Corbeta asimismo le impuso a los abogados de Torreblanca, fianza personal a Rodrigo Yódice, Arturo Daniel y Carlos Neffa, hasta cubrir la suma de G. 800 millones. El juez aclaró que la condición que deben cumplir es que en un plazo de 60 días este monto lo deben sustituir por una fianza real sobre un bien inmueble, debiendo presentar para el efecto el título de propiedad, las condiciones de dominio y la tasación del mismo.
Otra de las medidas que impuso el juzgado es la prohibición a la exsubcontralora de acercarse o de concurrir a la Contraloría General de la República. En caso de incumplir cualquiera de las órdenes del magistrado, la medida alternativa será revocada y Torreblanca será remitida a la penitenciaría del Buen Pastor.
En esta causa, la fiscala Victoria Acuña también imputó al excontralor Óscar Rubén Velázquez y a 9 funcionarios de la Contraloría por estafa y cobro indebido, por el millonario cobro de viáticos por horas extras y días no trabajados.
El escándalo en la Contraloría se desató luego de comprobarse que la funcionaria Liz Paola Duarte (sin título universitario) cobraba millonarios sobresueldos, sin siquiera trabajar.