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El fiscal de Delitos Económicos Nelson Ruiz pidió la semana pasada, de forma muy sigilosa, el sobreseimiento provisional de Miguel Ángel Carballo, un incondicional a Bogado que además es su operador político y fue candidato a la intendencia de Emboscada.
El agente utiliza la excusa de una pericia contable del Laboratorio Forense del Ministerio Público que no es concluyente y pide más tiempo.
Como esta causa está configurada como crimen con el tipo penal de enriquecimiento ilícito en la función pública, hasta podrían ser tres años más de plazo. Ese tiempo será más que suficiente para hacer “desaparecer” los bienes malhabidos.
El pedido de sobreseimiento provisional a su favor tiene su lógica explicación porque se levantarán las restricciones físicas y patrimoniales, que son de interés del senador Bogado.
El sindicado como testaferro de Víctor Bogado alega que la fortuna que cosechó como un verdadero “mago” en los negocios y que no puede justificar con su sueldo de funcionario público, fueron producto de préstamos personales, entre ellos del abogado Víctor Manuel Galeano Perrone, representante legal del propio legislador cartista.
Entre los bienes están los de la empresa Rocket SA, que se capitalizó con G. 5.000 millones y tiene como presidente a Miguel Ángel Carballo, funcionario modesto que tuvo que admitir que cobraba dos salarios públicos, en la Municipalidad de Asunción y la Cámara de Diputados, pese a ser un potentado, y oficiar de planillero a la vez.
La firma Rocket SA adquirió el shopping Paseo Vía Bella (del barrio Carmelitas), valuado en US$ 3 millones, pero cuya adquisición en los papeles figura G. 1.900 millones.
Ese bien, al tiempo de la imputación fiscal, seguía a nombre de la empresa y es por eso que la fiscala anterior del caso, Josefina Aghemo, solicitó la inhibición general de vender y gravar bienes y embargo de depósitos en bancos, financieras o entidades de crédito que se encuentren a nombre de Carballo o de la firma Rocket, sea cual fuere la modalidad (certificados de ahorros y de depósitos, cuentas corrientes, cajas de ahorro a la vista o a plazo, caja de seguridad, pagarés, cheques o letras de cambio, etc.). El pedido de la agente fiscal fue concedido por el juez Miguel Tadeo Fernández.
El juez que interviene ahora es Rubén Ayala Brun, que acaba de salvarse de una remoción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el que estuvo suspendido varios meses y soporta otro enjuiciamiento.
El magistrado debe fijar la audiencia preliminar. Hay vía libre porque la propia defensa de Carballo está interesada en que se realice y para ello desistió de su última chicana.
Ayala Brun tiene dos opciones, dar trámite de oposición y enviar la causa a la Fiscalía General del Estado o dar curso al sobreseimiento provisional del fiscal Nelson Ruiz, que traerá consigo el levantamiento de todos los embargos e inhibiciones.
Hecho grave
La fiscala Josefina Aghemo había imputado a Miguel Ángel Carballo por enriquecimiento ilícito en la función pública, cuya expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel. Pidió en su momento su prisión preventiva y los embargos en su contra.
Entre otras cosas, la agente dijo que Carballo fue contratado en la Municipalidad de Asunción en el 2007 con un salario de G. 1.800.000. En el 2008, ya ganaba G. 3 millones y ese mismo año constituyó la firma denominada “Rocket Sociedad Anónima”, con un capital de G. 5.000 millones.
La SA, en febrero de 2008 adquirió una propiedad de la firma denominada “La Hacienda” por G. 1.900 millones. Los representantes de la firma vendedora, Andrés Pérez Ramírez Doldán y Neri Candelaria Vda. de Pérez Ramírez, dijeron que recibieron el dinero de las manos del “mecánico de oro”.
El pase de “factura”
Para que no queden dudas de que el “blanqueo” de Miguel Carballo fue articulado desde la Fiscalía General del Estado, cuya titular es Sandra Quiñónez, meses antes de concretarse la misma dispuso el traslado de la fiscala Josefina Aghemo a la Unidad de Delitos Informáticos. La agente encontró elementos de sospecha con la compra de un shopping por G. 1.900 millones, un departamento de G. 450 millones, una deuda a cobrar de US$ 300.000 y adquisiciones de vehículos de US$ 40.000, entre otros.