Cargando...
Bajo el patrocinio de su abogado, la imputada Sandra McLeod (ANR, cartista) recusó a los camaristas Marta Acosta y Raúl Insaurralde, quienes integran la Cámara de Apelación que tiene que resolver un incidente en el proceso que se le sigue a la exintendenta. Los jueces recusados integran la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, que tiene que expedirse sobre la impugnación que presentó la jueza Dólicia Giménez contra la inhibición de su colega Teresita Cazal, pero con esta chicana el caso queda parado hasta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva la recusación contra los dos camaristas.
La semana pasada la fiscala Josefina Aghemo presentó un urgimiento a la Cámara para que destrabe el caso, pero ahora con esta recusación el caso vuelve a quedar parado.
Luego de que se imputó a Sandra McLeod, David Christian Espínola Osorio, Nilsa Elizabeth Paiva Dávalos, Vicente Rodríguez Florentín, Marcos Aurelio González Escurra y Genaro Ramón García por los millonarios contratos que firmó la Municipalidad con la empresa MG Distribuidora y Eventos, la jueza Teresita Cazal citó a declarar a todos. Pero uno de los imputados presentó al abogado Marco Fernández como su defensor y la magistrada se apartó por tener amistad con el profesional.
Esa inhibición es la que rechazó la jueza Giménez y estaba siendo tratado por la Cámara.
Todas estas chicanas se van presentando para evitar que la imputada exintendenta cartista destituida por graves hechos de corrupción no se presente a declarar. Hasta el momento la estrategia está dando resultado ya que el caso sigue parado.
Mismo modus operandi
El mismo modus operandi están llevando a cabo Sandra McLeod y su esposo el imputado senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) en el proceso que se les sigue a ambos en los tribunales de Asunción por el hecho punible de declaración falsa.
En este proceso se presentaron también varios incidentes meramente dilatorios y el último fue la nulidad de la imputación que ya fue rechazada por la Cámara de Apelaciones.
Ahora el expediente tiene que ser devuelto al juez penal de Garantías Rolando Duarte, quien debe fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas, que ya fue pospuesta por chicanas en dos ocasiones.