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La candidata elegida por el Ejecutivo, Sandra Quiñónez, solamente cuenta con los votos asegurados de los diez senadores oficialistas y los dos de Unace.
Ayer oficializaron su postura en contra de prestar el acuerdo, en sendas conferencias de prensas, el PLRA y el Frente Guasu. En tanto, la bancada de la disidencia de la ANR, Colorado Añetete, se manifestó de la misma forma en una reunión mantenida la noche del martes.
El cuestionamiento común es a la forma en que se integró la terna de candidatos en el Consejo de la Magistratura, ya que nunca se hicieron públicos las evaluaciones y los puntajes.
Se critica además el hecho de que los tres elegidos hayan sido funcionarios de la Fiscalía y de un mismo signo político partidario.
Quiñónez precisa de una mayoría simple de votos para ser confirmada fiscal, lo que significarían 23 votos, en caso de que estén los 45 senadores presentes.
Según indicaron algunos legisladores, inclusive previamente a que el Ejecutivo remitiese al Senado el nombre de Quiñónez pidiendo el acuerdo, el momento actual no es el más adecuado para elegir a un fiscal general, debido al ambiente electoralista que se tiene con vistas a las internas simultáneas previstas para el 17 de diciembre próximo.
En ese sentido, algunos consideran que la designación del nuevo fiscal general del Estado debe quedar a cargo del próximo gobierno o, al menos, para después de las elecciones generales del 22 de abril de 2018.
Controversia
Sobre la situación que se dará en caso de concretarse al falta de acuerdo para la candidata, existen posturas encontradas.
El abogado constitucionalista Emilio Camacho y el senador liberal Miguel Abdón Saguier coincidieron en que una vez que no se acepte a la candidata propuesta, la terna deja de existir. Por tanto, como la Constitución habla de una terna, no se puede elegir fiscal general entre los otros dos que quedan.
Camacho dijo que suponía que en caso de no obtener el acuerdo cuando se trate en la plenaria, tal como corresponde que se haga, el mensaje del Ejecutivo será devuelto al presidente, que deberá adoptar alguna postura al respecto.
El Senado tiene un plazo de 30 días hábiles para tratar la terna, que fenecería el 17 de noviembre.
Por su parte, el senador Saguier dijo que si se oficializa el rechazo por la falta de votos a la candidata del Ejecutivo, se debe reiniciar todo el procedimiento para la designación, es decir que el Consejo de la Magistratura deberá integrar una nueva terna de candidatos.
Algunos senadores consideran, sin embargo, que el Ejecutivo puede remitir un segundo nombre de la terna original para ver si tiene el acuerdo del Senado.