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En junio de 2018 la Cámara de Diputados le acusó a García solo por “mal desempeño de funciones”, que incluye un supuesto daño patrimonial que le ocasionó a los contribuyentes de Asunción por US$ 3,6 millones por no apelar en tiempo y forma un juicio contra Ivesur, empresa que se dedica a la inspección técnica vehicular. En marzo de 2018 el fiscal Leonardi Guerrero le imputó a García por este mismo caso.
La acusación de Diputados fue remitida al Senado pero esta cámara congeló el juicio político al imputado contralor hasta marzo de este año, supuestamente. En la sesión ordinaria del miércoles pasado los diputados en mayoría resolvieron ampliar la acusación contra el contralor y le agregaron supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto aproximado de G. 3.000 millones entre 2012 y 2017.
Estos hechos saltaron a luz luego de que el Ministerio Público y la Contraloría se enfrentaron luego del interés de García de revisar las cuentas de la Fiscalía.
Al reinicio de las actividades legislativas, un grupo de senadores, especialmente los liberales efranistas, insisten en proseguir con el juicio político y votar para que García deje el cargo. Se requieren como mínimo 30 votos de un total de 45 para destituir al contralor.
Según el titular del Senado, Silvio Ovelar (ANR, Añetete), no hay votos suficientes hasta el momento. Es decir, prefieren que permanezca en el cargo García. A esto se suma que los colorados de Añetete quieren evitar que asuma el subcontralor Camilo Benítez Aldana por ser cartista.
Los liberales llanistas apoyan a García porque la esposa del senador Dionisio Amarilla (PLRA), Analy Valiente, ejerce el cargo de directora de Declaraciones Juradas.
Sin embargo, los liberales efrainistas insistirán mañana en la reunión de la mesa directiva del Senado, que se inicia a las 09:00, que se fije una fecha para proseguir con el juicio político y concluir en una destitución. “Debemos definir, porque no debería estar como pendiente”, expresó ayer el senador Amado Florentín (PLRA, efrainista). “Queremos que se defina antes de la elección de la mesa directiva”, prevista para junio, indicó.
Declaración jurada
El juez Gustavo Amarilla solicitó a la Contraloría General de la República que en cinco días remita al juzgado las copias certificadas de las declaraciones juradas de su titular, el imputado Enrique García. El periodo solicitado abarca desde el 2008 hasta la fecha. Corresponde a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que habría cometido García.
El juez Amarilla hizo lugar al pedido del fiscal René Fernández. La Fiscalía sospecha que García movió G. 3.000 millones entre los años 2012 y 2017, informó la agente Victoria Acuña. García debe justificar de dónde sacó la plata, quién se la dio y en qué concepto.