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El Poder Ejecutivo intentó frenar estos incrementos, con un proyecto de ley con el que pretendía anularlos, pero el Senado lo rechazó ayer y con ello el caso será definido en la Cámara de Diputados. La iniciativa representa otro duro golpe para el contribuyente porque establece aumentos amañados para 2.123 funcionarios públicos de diferentes instituciones, repartidos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Le costará al ciudadano US$ 4 millones al año.
Este proyecto no estaba incluido en el orden del día pero ayer sobre tablas sospechosamente lo planteó la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez, miembro de la Comisión de Hacienda. La legisladora advirtió que aunque la cartera de Hacienda haya recortado estos pagos, los funcionarios conseguirán tarde o temprano medidas cautelares para seguir cobrando dichos montos.
El senador Abel González (PLRA, llanista) dijo que aunque estas subas fueron conocidas como los “aumentazos mau” por la ciudadanía y la prensa, la propuesta del Poder Ejecutivo no corresponde porque es “discrecional” en la descontratación de los funcionarios.
Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete) salió en defensa del gobierno de turno. Cuestionó que los opositores se ofendan por un proyecto de ley del Ejecutivo y les señaló que todos se llenan la boca con discursos sobre mejorar el gasto público para luego mantener el aumento en los gastos rígidos.
Planteamiento
La propuesta de Hacienda sería reponer las categorías eliminadas y que los salarios vuelvan a los niveles establecidos hasta diciembre del año pasado, de tal modo a anular los “aumentazos”.
Las modificaciones del anexo de personal afectan a 2.123 funcionarios permanentes, principalmente administrativos, de 36 instituciones del Ejecutivo y del Legislativo.
No todos los casos, sin embargo, serían revertidos al nivel de 2018, porque existirían creaciones de cargos para reposición de funcionarios por orden judicial, algunos casos puntuales de concursos realizados para las promociones y porque el Legislativo tiene autonomía para manejar su presupuesto.
Estas cuestionadas modificaciones al anexo del personal se hicieron de forma directa, sin que los funcionarios beneficiados hayan participado de ningún procedimiento establecido dentro de la Ley 1626/2000 para poder acceder a estas mejoras salariales, es decir, sin el concurso debido que establece la ley.
El Ejecutivo pidió la anulación
El Poder Ejecutivo, a instancia del Ministerio de Hacienda, presentó el 21 de marzo último al Congreso el proyecto de ley que anula los “aumentazos” otorgados en forma irregular a funcionarios de diversas instituciones públicas de la administración central y entidades descentralizadas. El plan, sin embargo, no incorpora la anulación de los cargos con aumentos que forman parte del Legislativo (Congreso, Senadores, Diputados), que según los datos iniciales beneficiaban a 82 funcionarios.