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El titular del Congreso, senador Mario Abdo Benítez (ANR disidente), anunció ayer en conferencia de prensa que remitirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de la CIDH-OEA sobre los antecedentes del juicio político al entonces presidente Lugo. Pero esa comisión estará dirigida justamente por el destituido mandatario y actual senador.
El lunes 20, a las 11:00, se oficializará la designación de Lugo como presidente pero extraoficialmente ya se da por hecho, teniendo en cuenta la tradicional repartija de comisiones asesoras, esta vez entre los 15 colorados disidentes y la multibancada opositora (FG, PDP y el liberal Carlos Amarilla). Es decir, al FG le corresponde Constitucionales en sustitución del liberal Julio C. Franco.
Lugo no quiso conversar ayer con los periodistas sobre la demanda que planteó contra el Estado paraguayo con la intención de obtener “reposición en el cargo e indemnización”.
El senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, quien fue abogado defensor de Lugo en el juicio político, dijo que el 16 de agosto de 2013 decayó la solicitud de Lugo de reposición en el cargo porque ya asumió otro mandatario: Horacio Cartes. Pero dijo que la solicitud de indemnización sigue (salarios caídos y pago a los abogados).
Ejecutivo lo “cajoneó”
En un plazo de tres meses el Estado debe responder a la CIDH. El Gobierno recibió la comunicación de la OEA ya el 26 de mayo, pero recién el lunes remitió al Congreso: 42 días después.
¿Por qué al Congreso?
El Ejecutivo decidió correr traslado al Congreso pero el Art. 238, numeral 1 de la Constitución dice que el Presidente de la República debe representar al Estado. Sin embargo, el Ejecutivo invocó los artículos 224 y 225, que se refieren al juicio político.