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En una sorpresiva e inédita decisión, jueces y camaristas de todo el país se declararon en asamblea permanente y emitieron comunicados en los que expresan su rechazo y desconformidad contra la imputación presentada días pasados por tres fiscales anticorrupción contra el ministro Sindulfo Blanco.
Norma constitucional
El artículo 255 de la Constitución Nacional es claro y categórico al afirmar que “ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”, sostiene el gremio de jueces al señalar que quienes promovieron la imputación contra el alto magistrado ignoraron esta norma
“Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”, añade el documento que se solidariza con el ministro Blanco.
En un dictamen, los fiscales Federico Espinoza, René Fernández, José dos Santos y Lionel Piñánez dijeron que el ministro Blanco cometió prevaricato porque en su carácter de miembro de la Sala Penal de la Corte hizo lugar en forma ilegal un recurso de casación contra una sentencia de segunda instancia.
La imputación contra el ministro de Corte atenta contra la inmunidad de los magistrados judiciales y posibilita el hostigamiento de los jueces por sus actuaciones en procesos ordinarios, señalan los documentos emitidos por quienes se declararon en sesión permanente.
En zapatillas
Anuncian para los próximos días movilizaciones y nuevas manifestaciones de protestas contra la medida impulsada por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.
Uso de zapatillas con ropas de calle, brazos caídos e inhibiciones masivas del expediente judicial que contiene la imputación contra Blanco, son algunas de las medidas anunciadas por los jueces movilizados.
El expediente con la imputación actualmente se encuentra a cargo del juez penal de Garantías Gustavo Amarilla Arnica, quien ahora debe decidir sobre el pedido de desafuero planteado por los fiscales.
Llamativamente, los jueces desconocen que el delito de prevaricato está previsto en el Código Penal y que el Ministerio Público está facultado a investigar a los ministros y magistrados, que distorsionan la ley para favorecer a una de las partes en un proceso.
Delito está penado
El prevaricato es un delito tipificado y castigado por el Código Penal de Paraguay, según la imputación presentada contra el ministro Sindulfo Blanco.
Según el inciso 1º del Artículo 305 que tipifica el prevaricato, “el juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.
“En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años”, agrega el inciso 2º de la normativa legal.