Los impresentables de Alto Paraná

Varios políticos impresentables del Alto Paraná competirán en las elecciones de mañana para intentar el rekutu o conseguir un cargo electivo. Están implicados en corrupción y en violaciones de la Constitución. Quieren mantener sus privilegios, como seguros “vip”, blindaje de la justicia, astronómicas remuneraciones, entre otros.

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Javier Zacarías Irún maniobró activamente para el despojo del valioso predio de Puertos de Ciudad del Este, para un hotel-casino privado. De origen humilde, tras ingresar a la política incrementó su patrimonio de forma astronómica y hoy tiene una empresa, inmuebles en el país y en el extranjero y un avión particular.

Justo Zacarías Irún cuando gobernaba Alto Paraná fue denunciado por pagar casi G. 15 millones por cada unidad de los llamados “gallineros de oro”, que en realidad eran precarios corrales de cerca de G. 1 millón. Proveyó “galletitas rompedientes” a escolares. Ubicó a su hija Natasha Zacarías en Itaipú con salario de G. 30.950.997, sin concurso previo.

Aida Molinas Ramírez es una afamada patotera que registra más de una decena de denuncias por hechos vandálicos. Fue acusada por supuestamente instigar a hurreros zacariistas a invadir unas 150 viviendas de Senavitat, que ya fueron adjudicadas a beneficiarios.

Carlos Portillo es candidato N° 2 por la lista 5 a Diputados por Alto Paraná. Está imputado por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, tras supuestamente “cocinar” un caso judicial mediante cobro de coima. Además, fue denunciado por ubicar a operadores políticos en el Poder Judicial e intentó apropiarse de G. 19.509.000 en viáticos por un viaje fantasma, pero fue descubierto.

Freddy Chamorro Monzón está imputado por la Fiscalía por supuestamente haber agredido a su expareja. El político también fue denunciado por presuntamente liderar un esquema de estafa piramidal.

Manuel Trinidad, denunciado en su época de juez por liberar a narcos y cargas de cosméticos sin registros sanitarios. También fue acusado de enriquecimiento ilícito. Tras dejar de ser juez, se convirtió en un magnate: tiene una mansión por valor superior a 500.000 dólares, flota de vehículos, empresa y una estancia en Itapúa.

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