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Los estudiantes se manifestarán hoy tanto en la Escuela de Ciencias Sociales (Yegros esq. Mcal. Estigarribia) y marcharán hasta el Panteón de los Héroes para protestar contra la corrupción en la Facultad de Derecho de la UNA. La protesta, denominada “No más becas a los sinvergüenzas”, arrancará a las 19:00.
Renato Rönnebeck, líder estudiantil y uno de los organizadores del mitin, señaló que el gremio no puede quedarse de brazos cruzados y permitir que se siga cometiendo fraude con las becas.
“No es coincidencia que los beneficiados con las becas sean del Partido Colorado. Incluso, hay seccionaleros que compraron cédulas en las elecciones. Esto amerita una intervención de la facultad, la justicia debe investigar este hecho”, sostuvo el dirigente.
Comentó que ahora que ya se cuenta con una ley de acceso a la información pública con más razón se deben evitar la corrupción y el prebendarismo en la casa de estudios. Rönnebeck indicó que los estudiantes harán un seguimiento al caso y no descansarán hasta que se aclare todo.
El caso de tráfico de becas saltó hace unos días luego de que el rectorado de la UNA publicara la lista de los beneficiados de la Facultad de Derecho. En la misma aparecen jueces, asistentes fiscales y seccionaleros. Uno de los requisitos para el ingreso es la insolvencia para costear los estudios de posgrado.
“No es declaración de pobreza”
El juez Helmut Fortlage manifestó a nuestro diario que es verdad que se hace una declaración jurada de insolvencia al solicitar la beca, pero que esto no significa que se haga un “certificado de pobreza”. Puntualizó que tiene mérito académico, ya que obtuvo un promedio de 4,37 al egresar de la carrera de derecho y que suele asistir a otros cursos con otras becas.
“Soy profesional y tengo un buen cargo. Pero no tengo la capacidad de pagar una maestría de 18 millones y medio de guaraníes. Por eso solicité le beca al Rectorado”, afirmó Fortlage, quien agregó que tiene una familia que mantener y que sus gastos son limitados. Dijo que mucha gente depende de él.
“Esta no es una beca para indigentes. Es para profesionales, además, la ayuda es pequeña, no costean todo el curso. Quiero aclarar también que no retiré el monto asignado, ya que se terminaron las clases y yo tuve que pagar finalmente mis estudios”, manifestó el magistrado.
Por otro lado, Fortlage negó que tenga vinculación alguna con el Partido Colorado. Dijo no militar en ninguna agrupación política.
Por su parte, el juez Agustín Cáceres Volpe, quien también recibió la beca del Rectorado, dijo que merecía, para seguir especializándose. Comentó que, además de juez de primera instancia, se desempeña como docente en la casa de estudios de Trinidad.
Cáceres aseguró que no forma parte de la ANR, pero que tiene otro partido. “Tengo una afiliación suspendida en el Partido Demócrata Cristiano. No hago actividad partidaria, ni siquiera gremial”, manifestó el magistrado.
Ambos forman parte de los 26 beneficiados de las becas del Rectorado destinadas a la facultad de Derecho de la UNA. En total, asciende a 60 millones de guaraníes.
En la lista figuran también la mano derecha del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, Roberto Zacarías Recalde y Pablino Barreto, relator fiscal. Además, otro de los beneficiados fue José Alvarenga Bonzi, seccionalero filmado comprando cédulas en las elecciones del 2008. Los más beneficiados fueron exdirigentes estudiantiles de la institución.
Ayer, en horas de la noche se reunía el Consejo Directivo de Derecho para tratar este tema.
A LA CÁRCEL POR MENTIR
El Código Penal Paraguayo habla claramente acerca de las personas que presentan una declaración jurada falsa. Todo aquel que mintiera podría ir a prisión hasta por cinco años.
El artículo 243, sobre la declaración falsa, es muy escueto:
1º El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.
2º El que actuara culposamente respecto a la falsedad será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa.