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Dos años después de que Javier Díaz Verón fuera designado fiscal general del Estado, su familia comenzó un meteórico ascenso económico. Su esposa María Selva Morínigo, junto a los hijos de la pareja; Alejandro Díaz Morínigo y Yerutí Díaz Morínigo se convirtieron en prósperos empresarios, con efectivo de G. 2.500 millones en la sociedad Canto Rodado SA.
La liquidación salarial del fiscal desde el mes que cobró como jefe del Ministerio Público equivale a unos G. 2.500 millones, cifra que ya incluye su sueldo como docente de la UNA. Díaz Verón había atribuido las millonarias inversiones de su esposa en otra sociedad denominada Salty River SA, a la indemnización de ella en el Fondo Ganadero, que fue de G. 203 millones, percibidos en dos cuotas entre diciembre del 2013 y febrero del 2014.
Sumando lo que cobró Díaz Verón en los últimos 6 años como fiscal general (noviembre 2011/diciembre 2017), con la indemnización de su esposa, el matrimonio percibió unos G. 2.703 millones.
Sin embargo, de manera extraordinaria junto a su esposa escudada en la indemnización e hijos sin antecedentes laborales, registraron G. 6.000 millones en bienes. (Ver infografía).
Cabe remarcar que los bienes que mencionamos se reducen a los que figuran formalmente a nombre de la familia. No incluye el alto costo de vida que tienen los Díaz Verón, traducido en vacaciones en playas paradisíacas del exterior, gastos en acontecimientos de lujo, etc.
Además existen acciones del fiscal general en sociedades anónimas no especificadas y que todavía no se dilucidaron en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que afronta junto a su próspera esposa María Selva Morínigo.
El balance de la sociedad de su esposa e hijos también registra acciones, además del efectivo que integraron. Según los contadores, esto significa que la empresa familiar tiene derechos en otra firma.
Hasta ahora el fiscal no dio explicación razonable sobre los millonarios bienes de su familia que salieron a la luz. La ciudadanía está curiosa por conocer el origen del dinero en las sociedades de su esposa e hijos, y que justificaron con “pagarés” simples, sin fecha ante la Seprelad.
rossana.escobar@abc.com.py