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La Cámara de Senadores dio un paso importante el 1 de setiembre último en busca de evitar la impunidad de varios casos de corrupción y delincuencia, al sancionar la prórroga por dos años más de los procesos penales. Hasta mañana, 7 de setiembre, el Poder Ejecutivo tiene tiempo para promulgar y poner en vigencia la postergación del plazo procesal vigente.
Si el Ejecutivo no promulga, a partir de este jueves 8 muchos enjuiciados podrían invocar la ley que establece solo tres años de proceso y se beneficiarían con la extinción.
El diputado Eber Ovelar (ANR) el 24 de agosto último presentó en la Cámara Baja el proyecto de derogación de la Ley que establece los tres años procesales para la prescripción de las causas judiciales.
El diputado señaló que esa normativa, conocida como “Ley Guastella”, y que redujo los plazos procesales a tres años, cuando entró en vigencia en julio del 2012 había generado un verdadero caos jurídico en el sistema penal, ya que los alcances de la legislación acortaron los plazos máximos de duración del procedimiento que originalmente estaban establecidos en cuatro años.
Menciona que como consecuencia de la “vigencia abrupta” de la ley (N° 4669/12) varias causas penales se extinguieron, por la aplicación retroactiva de los plazos reducidos en la ley. “Entre los imputados beneficiados por la legislación en cuestión, se encuentran algunos que habían sido imputados por la comisión de crímenes sumamente graves, y fueron igualmente beneficiados con la extinción de la acción penal”, señala parte de la justificación del parlamentario.
Señala que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo la promulgación de la normativa aprobada en el Senado. Si eso ocurre, se evita que varias causas penales –algunas que involucran a políticos– se extingan.