Legisladores exigen una intervención de la Fiscalía

“Se está cayendo la máscara de transparencia. El grado de sospecha razonable obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación”, sostuvo ayer el senador Eduardo Petta, sobre el supuesto soborno en la construcción del superviaducto “Rodrigo Quintana”, investigado por la policía judicial española. “Se confirman nuestras sospechas de que en el MOPC se había montado un esquema de coimas”, aseveró a su vez su colega, Carlos Amarilla.

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Los senadores Eduardo Petta (Independiente) y Carlos Amarilla (PLRA) sentaron ayer postura sobre la investigación de la policía judicial de España de un esquema de soborno del clan Pujol en países de África y Sudamérica, incluyendo Paraguay, donde podrían salpicar al mismo ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Eso, de acuerdo con publicaciones del diario El Mundo, del cual se hizo eco nuestro diario. 

Los legisladores coincidieron en que la investigación judicial sólo confirma las sospechas que se tenían en torno a la administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no solo por la obra superviaducto, sino también en otros emprendimientos. 

“Sería interesante que el Ministerio Público inicie una investigación, teniendo en cuenta que el hecho y la obra en sí se encuentra dentro de la República del Paraguay y las manifestaciones que vierten los medios de comunicación aparentemente tienen un grado de sospecha razonable, que obliga al 

Ministerio Público a iniciar una investigación”, afirmó Eduardo Petta. 

También se tiró contra la supuesta transparencia de la que se jacta el Gobierno. “Con esto se está cayendo aquella historia de la transparencia. Nosotros hace mucho tiempo conocemos el manejo perverso que tiene el Ministerio de Obras Públicas en muchas obras”, resaltó. 

En tal sentido, el legislador puso como ejemplo el caso de la adjudicación de la Ruta 7, donde “hubo un quebrantamiento de la norma. Se le hace un vencimiento anticipado de 7 años y se le adjudica a la misma empresa. Eso es una ilegalidad y un manejo político para lograr intereses”. 

También mencionó el caso de la APP del aeropuerto, en el que, según dijo, se denunció el vínculo, con elementos probatorios, del entorno del ministro Jiménez Gaona con empresas oferentes. “Entonces, el tráfico de influencias es evidente en todas esas licitaciones que se hicieron”, subrayó.

“Creo que existen elementos para que el Ministerio Público abra una investigación en Paraguay, pero no creo que lo haga”, indicó, para finalizar.

Por su parte, el senador Amarilla coincidió en la existencia de un esquema de coima. “Son informaciones muy interesantes, precisas, que revelan un esquema ya de coima internacional que afecta de manera muy directa al Ministerio de Obras Públicas y sus proyectos emblemáticos. Parece que esto va confirmando la tesis de que ahí se montó todo un esquema que trasciende lo nacional, con el afán de asegurar negocios y ganancias fuera de lugar a quienes van dirigiendo estas operaciones”, afirmó.

“Esto ya tengo que hilar necesariamente con lo que se pretende llevar a tambor batiente con lo relacionado al Aeropuerto. Ahí creo que también hay una trama similar que hoy se está descubriendo”, agregó. 

Para Amarilla, el ministro Jiménez Gaona tendrá necesariamente que dar explicaciones de sus acciones ante la ciudadanía y la Justicia, “porque no es el primer caso en el cual se le sindica a él como líder de un esquema mafioso”, sostuvo.

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