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El documento, que aún no fue estudiado en el Congreso, obliga a Paraguay a reconocer una deuda de US$ 4.084 millones, cifra que debe ser sometida a una fiscalización exhaustiva, como todo lo actuado en Yacyretá, sus registros contables y respaldos documentarios para que el ciudadano paraguayo confirme la legalidad o ilegalidad de las cuentas de la entidad binacional que quieren imponerle con el acta de entendimiento.