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La administración fiscal, a cargo de Marta González Ayala, las veces que fue consultada sobre este tema argumenta que la ley no permite publicar datos de los contribuyentes.
La publicación de estos informes, sin embargo, sería de gran importancia para la ciudadanía para conocer si los políticos metidos en los cargos públicos, con sueldos millonarios, cumplen con las obligaciones tributarias.
A modo de ejemplo, el apoderado legal del Partido Colorado, Wildo Almirón, ocupa la jefatura administrativa de Yacyretá y gana G. 60 millones mensuales, así como sucede con otros políticos que ocupan cargos en las binacionales y que hoy son referentes de la campaña pro reelección del presidente Horacio Cartes.
La SET tiene actualmente registrados a 40.000 contribuyentes del IRP, que incluyen tanto personas físicas como sociedades simples.
A finales del año pasado la SET realizó unos cambios a la reglamentación del impuesto y esta situación viene generando críticas de parte de los principales gremios empresariales, tributaristas y contadores, porque consideran que se viola la ley del IRP. Ante la negativa de modificar de nuevo, los afectados analizan recurrir a la Corte Suprema con una acción de inconstitucionalidad.