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La Opaci, manejada por el “clan Núñez” de Villa Hayes, montó un verdadero sistema de recaudación a través de las 250 municipalidades del país. Pese a ser una oenegé, despoja a los contribuyentes de G. 20.000 por la renovación y expedición de licencias de conducir; cobra una cuota social anual de G. 4 millones a las comunas asociadas y figura como principal proveedor para las precintas de habilitación de vehículos. Además retiene los impuestos municipales por las operaciones de venta de bienes raíces y créditos (hipotecas).
A las fuentes de recaudación ya mencionadas, desde abril suman una nueva. La Opaci, a través de la empresa Inventa SA –cuyos mayores datos se desconocen– se encargará de realizar el test psicofísico a las personas interesadas en obtener su registro de conducir. En la actualidad, este servicio ofrecen firmas particulares instaladas en las diferentes ciudades y cobran G. 30.000 por persona.
El anuncio de la contratación de Inventa SA se hizo ya en setiembre pasado. En estos momentos, las comunas están siendo “invitadas” por nota a tomar los servicios de la firma, según aseguró una fuente. No hay registros de la empresa Inventa SA, ni siquiera en la web. Ayer intentamos hablar con el exdirector ejecutivo de Opaci Hernán Jiménez, quien había anunciado la contratación de la misma, pero no pudimos ubicarlo.
La Opaci se creó como una oficina estatal en 1964 para aglutinar a todas las municipalidades del país, pero en 1997 mediante maniobras de exintendentes se transformó en una organización no gubernamental con “superpoderes”.
Desde el 2006 es manejada por el “clan Núñez”, integrado por los hermanos Basilio (asesor político del presidente de la república Horacio Cartes), Óscar (diputado) y Ricardo (titular de la Opaci).
Según estimaciones, en el 2015 habrían manejado unos G. 40.000 millones. No se tienen datos exactos, pues solo hasta el 2010 existen rendiciones de cuentas en su portal web (www.opaci.org.py).