La Justicia ordinaria definirá la sanción a la madre militar

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia definirá si se debe aplicar el arresto de 45 días por supuestas faltas, que le impuso el fuero castrense a la Tte. Carmen Quinteros.

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El abogado Óscar González presentó ayer a la mañana el recurso de apelación y nulidad contra la condena dictada en perjuicio de la Tte. Carmen Quinteros por la Justicia Militar. El caso fue remitido a la Sala Penal de la Corte, última instancia para lograr el sobreseimiento definitivo de la uniformada.

Quinteros fue condenada por la Suprema Corte Militar a 45 días de prisión por cometer supuestamente faltas contra la disciplina militar. Sin embargo, se encuentra en libertad porque dicha condena aún no está firme tras la apelación que se presentó en la Justicia ordinaria.

Un logro 

El abogado de la militar madre comentó que es un logro obtenido que el caso haya pasado a la Justicia ordinaria.

“Es un logro en el sentido de que ahora tenemos la certeza de que va a haber objetividad y que no va a haber parcialidad, salió del ámbito militar y va a ser tratado en el ámbito civil”, indicó.

Explicó además que “todavía no quedó firme la sentencia dictada por la Corte Militar y pasa a la última instancia que es la Sala Penal de la Corte, que es como si fuera la instancia revisora de las actuaciones de la Suprema Corte Militar”. Agregó que este paso fue con base en la ley “Guastella”, refiriéndose a la Ley 4256, que reglamenta el artículo 174 de la Constitución Nacional.

En su artículo 7 establece que “contra los acuerdos y sentencias definitivas o autos interlocutorios que pongan fin a un proceso, dictados por los tribunales militares, se podrá interponer los recursos de apelación y nulidad, los cuales se tramitarán ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Recolectan firmas 

El Movimiento Kuña Pyrenda realiza una colecta de firmas, las cuales serán entregadas al presidente de la Corte Luis María Benítez Riera.

En el pedido publicado en la web avaaz.org, piden revocar la condena de la teniente argumentando que la misma se debe a que la militar reclamó el derecho a amamantar a su hijo en condiciones adecuadas por lo que “la justicia militar le instruyó un sumario solo por exigir un derecho garantizado en la Constitución”.

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