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El informe del Cipae presentado el Día de los Derechos Humanos menciona que jueces, fiscales y altos magistrados usan sus cargos para enriquecerse y pagar favores políticos, en detrimento de una ciudadanía indefensa y cada vez más defraudada del Poder Judicial y del derecho de acceder a una justicia como la que garantizan la Constitución Nacional y las leyes.
Refiere a algunos sondeos que ubican a este poder del Estado como el peor y el más corrupto. Agrega que cada año sus integrantes reclaman mayor presupuesto. Es uno de los estamentos del Estado cuyos funcionarios reciben buena paga. Sin embargo, no tienen empacho para declararse en huelga para aumentar sus ingresos. “Así como con todo derecho reclaman mejoras salariales, también sería bueno que mejore el servicio a la ciudadanía y dejen de pedir coimas para mover tal o cual expediente y elevarlo al despacho de los jueces”, dice el informe.
También refiere que algunos profesionales del derecho califican al Palacio de Justicia como un antro de corrupción, tráfico de influencias y favores a la hora de sentenciar o dar trámite a denuncias y reclamos de justicia.
Se hace eco igualmente de que este año abundaron denuncias de que el accionar de la justicia está supeditado a factores exógenos. “Es decir, sentencias y fallos judiciales se dictan en el sentido conveniente a personas con respaldo político y económico. Se observa que la maquinaria judicial se mueve en base a aceitadas a funcionarios, ujieres, asistentes y a los propios jueces”, indica.