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Las fiscalas Josefina Aghemo y Sussy María Riquelme investigarán el cuestionado proceso licitatorio en el IPS, ente que silenciosamente le adjudicó a la empresa de seguridad y equipos de vigilancia privada SST y Buller SA, ambas firmas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja.
El monto de la adjudicación fue de G. 140.000 millones pero finalmente el presidente de la República Mario Abdo Benítez decidió dejar sin efecto la adjudicación, recién luego de que tomara estado público a través de nuestra publicación.
Según la investigación periodística, la licitación tuvo principalmente dos graves cuestionamientos: 1. El pliego estaba direccionado a la citada empresa de Chamorro Lafarja, y 2. el sobreprecio. Esta firma cotizaba la provisión del servicio a un monto de G. 6.200.000 por cada guardia en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) mientras que a IPS le quería facturar G. 9.200.000 por cada guardia privada. Pero el funcionario solo recibía un salario mensual de G. 2.600.000 en promedio por cada turno de 12 horas, de acuerdo a la denuncia de los afectados, que solicitaron el anonimato.
La investigación está caratulada como: “Investigación fiscal sobre lesión de confianza”, a cargo de las abogadas Aghemo y Riquelme. Antes de viajar al exterior, Aghemo solicitó las copias certificadas de todos los antecedentes que hacen al proceso licitatorio para la provisión de servicios de seguridad y equipos de vigilancia por parte del IPS, cuyo presidente es Armando Rodríguez.
Específicamente los documentos que solicitan son: resolución del llamado a licitación, el pliego de bases y condiciones, empresas oferentes, quienes integran el comité evaluador, la resolución de la adjudicación concretada en la segunda quincena de mayo, el contrato con las empresas SST y Buller SA, así como el estado actual de la licitación.
Las fiscalas sostienen en la nota dirigida al titular del ente previsional que la documentación requerida es de vital importancia para la prosecución de las investigaciones en la presente causa, por lo que solicitan que las copias autenticadas sean remitidas en el plazo de 72 horas desde la recepción del oficio. A mitad de semana vence el plazo.
La investigación podría terminar en una imputación al menos para el titular de IPS y/o tal vez para los consejeros y síndico del ente.