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La Constitución en su Art. 269 dispone que el fiscal general del Estado “es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”.
Esto significa que el Senado, que dio el acuerdo el jueves último a la propuesta de nombrar fiscala general a Quiñónez, debió, primero, notificar de su aprobación al presidente Horacio Cartes y, luego, una vez firmado el decreto de designación, tomar juramento a la nueva titular del Ministerio Público, según nos indicó un abogado entendido en cuestiones burocráticas.
Los citados pasos legales no se pudieron haber cumplido, porque el Senado, en unos 20 minutos de haber aceptado la nominación de Quiñónez, ya le tomó juramento como nueva titular del Ministerio Público y el viernes ya asumió.
El viernes último, en la Dirección de Decretos y Leyes de la Presidencia, ante nuestra consulta sobre el decreto de designación, nos indicaron que “estará en proceso”.
El cartismo en una rápida maniobra pudo quebrar la bancada colorada disidente, que lidera el presidenciable Mario Abdo Benítez, y consiguió el voto de siete senadores liberales, dos de Avanza País, para imponer la designación de Quiñónez. También tuvo el apoyo de dos votos oviedistas.
Los opositores rechazaron la designación de Quiñónez con el argumento de que el proceso de selección de la terna de candidatos a fiscal general no fue transparente en el Consejo de la Magistratura, que se engañó a más de 100 postulantes y que hubo injerencia directa del mismo Cartes, algo totalmente ilegal. Esta irregularidad inclusive se confirmó el año pasado en un audio filtrado al entonces secretario general del Consejo de la Magistratura, Raúl Fernández Lippmann (imputado), a quien se escucha comentar a una fiscal que Cartes con el presidente de la Corte Luis María Benítez Riera “cocinaron” la terna, que fue integrada por Victoria Acuña, Javier Díaz Verón y Quiñónez.
Lo que dice la Constitución
La Constitución en su Art. 269 dice que el fiscal general “... Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura”. Por un principio de derecho administrativo el Ejecutivo hace las designaciones por decreto, por lo que Sandra Quiñónez debió tener un decreto de nombramiento para jurar ante el Senado como nueva fiscala general, según nos señalaron. El procedimiento habitual para los acuerdos del Senado es que primero se realiza la notificación al Ejecutivo y luego este poder emite los decretos de nombramiento.