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Los argumentos presentados por la CGR para seguir negándose a entregar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República son “una oda al absurdo”, señala la contestación presentada en horas de la tarde de ayer por los abogados del periodista Juan Carlos Lezcano a la apelación planteada por el ente.
En su apelación a la sentencia del juez Rubén Riquelme, el ente contralor había planteado la falta de legitimación activa como uno de los motivos para no acatar la decisión.
Sin embargo, este argumento no se puede utilizar en juicios de amparo y en todo caso debería haber sido planteado ya dentro del plazo para contestar la demanda, por lo tanto, ahora es ilegal y extemporáneo, señala el documento.
Señala además como “preocupante” el intento por parte del ente de desacreditar a defensores de los derechos humanos y “la supina ignorancia jurídica que trasunta, inaceptable para un representante de un órgano con la jerarquía constitucional que tiene la Contraloría General de la República”.
Los abogados del ente contralor habían puesto en tela de juicio el motivo real para acceder a la información solicitada y especularon con la posibilidad de que organizaciones civiles busquen acceder de forma indirecta a ella.
Sin embargo, los abogados que forman parte del Grupo Impulsor al Acceso de la Información (GIAI) recuerdan que acceder a datos que obran en poder del Estado es un derecho humano.
Según la Contraloría, las organizaciones del GIAI serían las “corporaciones con intereses sectorizados” que pretenden, “para provecho particular”, acceder a la información pública solicitada.
Sin embargo, los representantes del ente parecen haber olvidado que todas las respuestas a solicitudes de Acceso a la Información Pública deben ser publicadas en los portales web de las fuentes públicas, por lo que el argumento carece de lógica.
Sobre este punto en particular, señalan que “la excepción es improcedente y debe ser rechazada”.
Doce días para entregar
Aunque el ente contralor sigue dilatando, la sentencia en primera instancia obliga a que haga públicas las declaraciones juradas de bienes de políticos que ocuparon altos cargos electivos y de confianza en los últimos 20 años.
Al tratarse de un juicio de amparo, el Código Procesal Civil establece que las apelaciones no tienen efecto suspensivo, esto es, que la información debe hacerse pública.
El juez Riquelme había establecido un plazo de 15 días hábiles para cumplir, plazo que comenzó el pasado miércoles. Al ente contralor le quedan 12 días para efectuar.
LOS BENEFICIADOS POR LA NEGATIVA DE LA CONTRALORÍA
Enrique García
Actual contralor, fue antes procurador general (2008-2012) y asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción (2015 - 2016). Imputado por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, debería haber presentado 5 declaraciones juradas.
“Calé” Galaverna
En 2010, la CGR concluyó que no existía correspondencia de bienes en las declaraciones juradas de 1999, 2000, 2002 y 2003 del senador. Había alrededor de G. 1.000 millones sin justificar. La causa fue desestimada llamativamente.
Víctor Bogado
En 2006, la Fiscalía abrió una causa por supuesto enriquecimiento ilícito al entonces diputado y hoy senador cartista. La CGR detectó crecimiento patrimonial que no se podía justificar. La causa quedó paralizada debido a sus maniobras.
Enzo Cardozo
El senador liberal y exministro de Agricultura y Ganadería salpicado con acusaciones por desvíos millonarios de G. 68.000 millones y G. 3.200 millones durante su administración en la secretaría de Estado. Su caso sigue trabado.
Milciades Duré
Diputado, exgobernador del departamento de Cordillera y recientemente electo miembro del Parlasur. Consintió el pago de G. 60.000 millones para la compra de las tierras sobrefacturadas de San Agustín por parte del Indert.