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En su argumentación, los oficialistas solamente estuvieron de acuerdo en que Díaz Verón usurpaba el cargo, ya que su mandato terminó hace más de un año. Sin embargo, Bernardo Villalba y Clemente Barrios no consideraron que eso fuera motivo de juicio político sino que señalaron que la solución era que el Senado nombre nuevo fiscal general del Estado.
El senador Éber Ovelar, de Colorado Añetete, abogó por la aprobación del juicio político a Díaz Verón señalando que el mal desempeño de funciones estaba configurado por la usurpación del cargo, ya que el mismo debió renunciar porque la Constitución y la ley orgánica establecen con precisión el plazo de su mandato. Refirió además que la figura de la reconducción tácita no está contemplada en ningún lugar o ley para este caso.
También apuntó Ovelar que Díaz Verón violó el artículo 90 de la Carta Orgánica del Ministerio Público, al incorporar como funcionarios a gran cantidad de personas entre las que se encuentran sus sobrinos, otros parientes, allegados y hasta extrabajadoras domésticas, que no tenían la idoneidad para los cargos en que eran designados, como ser una mínima formación jurídica.
Otro punto que Ovelar consideró grave fue que el fiscal general haya recurrido a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para evitar que la Contraloría General de la República ejerza la función de fiscalizar su gestión. Indicó que esto evidenció su postura de evitar la transparencia, dado que el Tribunal de Cuentas no ejerce el mismo papel que la Contraloría.
Por su parte, la diputada Rocío Casco (Avanza País) mencionó la persecución a personas inocentes, en relación a la crisis política del 31 de marzo del año 2017. Esto quedó evidenciado en los audios difundidos en los medios de comunicación, en los que el abogado Carmelo Caballero y el entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández L. revelaron que las imputaciones a varios jóvenes se hicieron a pedido del gerente de la tabacalera de Horacio Cartes, José Ortiz.
La falta de pruebas contra los jóvenes obligó luego a que los fiscales y jueces desistan de imputarlos.