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En la impúdica exhibición de abuso de poder político y violación de garantías constitucionales, el juez de Villarrica Jorge Garcete Argüello dejó ayer por escrito la prohibición de “cometer otro hecho punible” a una mujer demandada por el diputado Buzarquis. La misma es acusada de extorsión y coacción con un trasfondo que sería la paternidad de un niño.
Claudia Silvero recibió ayer la imposición de medidas y en ellas el juez le ordena no cometer “otro hecho punible” con lo cual deja en claro que ya prejuzgó a la demandada. O sea, asume que ya existe la comisión inicial de un primer hecho punible, lo que debería obligar a Garcete a apartarse de la causa.
Bozal a la demandada
Garcete, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de extracción liberal igual que Buzarquis, también incluyó la prohibición de “atentar –de cualquier forma y a través de cualquier medio– contra la intimidad personal y familiar del Sr. ENRIQUE BUZARQUIS”.
La sugestiva orden que ni siquiera especifica qué puede ser considerado un atentado y menos a través de ‘cualquier medio’ incluye una solapada advertencia que el fiscal Víctor Manuel Vera pidió directamente en su acta de imputación: Que Claudia Silvero no use Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social así como ningún medio de comunicación para referirse al diputado Antonio Buzarquis.
Tanto el fiscal como el juez hicieron tabla rasa de expresas garantías constitucionales consagradas por nuestra legislación.
Las medidas dictadas ayer por el juez Garcete no acataron en su totalidad el pedido fiscal luego de que el caso cobrara estado público. Sin embargo, modificaron el uso de redes sociales y medios de comunicación por la palabra “atentar de cualquier forma y a través de cualquier medio” contra la intimidad personal y familiar del parlamentario.
Con este bozal, cualquier opinión que emita Silvero, y que esté vinculada a la causa aunque sea para ejercer su defensa, puede ser interpretada por el juez como un “atentado”.
Garcete está suspendido, es hijo de un exdiputado liberal, correligionario de Buzarquis. El fiscal, hasta el 2012, figuraba en el padrón del PLRA.
La protección de la “figura pública”
Basados en que Enrique Antonio Buzarquis Cáceres es una “figura pública”, la Justicia paraguaya de la mano del juez Jorge Garcete Argüello, suspendido hace más de un mes, coartó la libertad de expresión de una mujer contra la que el diputado promovió un proceso por supuesta coacción y extorsión.
Buzarquis no solo pagó 100 millones de guaraníes a Claudia Silvero, sino que también pidió a la justicia que silencien a la mujer. El diputado niega que el niño de 5 meses, hijo de Silvero, sea suyo, pero accedió supuestamente a enviarle la importante suma de dinero, porque “no tenía alternativa”.
La imagen del legislador es, para la justicia paraguaya, más importante que los derechos humanos y las garantías constitucionales como la libertad de expresión.
Buzarquis, quien dice que estaba estresado y sobrecargado por el permanente hostigamiento de Silvero, era su ‘amigo’ en Facebook. A pesar del “hostigamiento” que la mujer le causaba, el político seguía siendo amigo de la misma en Facebook, según confirmamos.
flavia.borja@abc.com.py victor.franco@abc.com.py mabel@abc.com.py