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El magistrado quiere saber si se solicitaron los registros de cada teléfono que aparece en el cruce de llamadas momentos antes y después del homicidio de Rodrigo Quintana.
También indica el magistrado que, si se realizó la diligencia, se le ponga al tanto de todo lo obrado.
El abogado querellante Guillermo Duarte había solicitado en representación de los familiares de Rodrigo Quintana, dirigente liberal de La Colmena, asesinado en el local partidario, los registros de 21 teléfonos celulares que pertenecen al presidente de la República, Horacio Cartes; a los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego; al exministro del Interior, Tadeo Rojas; al actual ministro, Lorenzo Lezcano; y a los allegados del presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá, Luis Canillas y Arnaldo Franco, secretario privado de la Presidencia.
Rechazo
La fiscala del caso, Raquel Fernández, rechazó el pedido del querellante alegando que era improcedente y que solo iba a colaborar con el morbo de la gente.
Ante esta situación, los abogados de la querella denunciaron a la agente del Ministerio Público por frustración de la persecución penal y pidieron el control judicial del proceso.
Pero cuando todo esto se estaba dando, el juez Alcides Corbeta se inhibió del caso y el expediente deambuló de juzgado en juzgado.
Sin embargo, la Cámara de Apelación integrada por los magistrados José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez confirmó al juez Corbeta en el proceso.
Ahora que quedó firme eso, el magistrado pide el informe a la fiscala Raquel Fernández para dar trámite al control judicial que había solicitado la querella y evitar que se pierdan pruebas.
Los querellantes piden celeridad en el pedido de cruce de llamadas a la empresa de telefonía, que tiene obligación de guardar estos registros por solo seis meses, pasado ese período ya se podrían perder todos los registros.
Apartan a abogados
El juez Alcides Corbeta, canceló la personería jurídica de los abogados Zulma Fatecha y Andrés Casati, quienes habían asumido como defensores de los imputados Guido Armando Amarilla Vera y del comisario Tomás Paredes Palma. Corbeta se apartó del caso por tener causales de inhibición con ambos, pero la Cámara dijo que no eran los únicos abogados en esta causa y que se les debía excluir.