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Según la resolución judicial, Núñez tiene la obligación de comparecer de forma mensual ante la jueza María Gricelda Caballero, del 1 al 5 de cada mes, prohibición de salida del país y de cambiar de domicilio, así como la caución personal de su abogado Carlos Ibarra Ortiz.
El funcionario fue imputado por la fiscala Marlene González por portación ilegal de armas e investigado por supuesto atentado contra la directora general de Administración y Finanzas, Liliana Beatriz Benítez de Gneiting (44), ocurrido en el barrio Trinidad el jueves pasado en horas de la tarde.
Los investigadores confirmaron que los resultados parciales de las pruebas de parafina y balística, aunque no son contundentes, no conectan directamente al chofer de la Justicia Electoral (TSJE), con el ataque a tiros al vehículo de su jefa, por lo que hasta el momento no pueden acusarlo de perpetrar el hecho. Se presume que sería un autoatentado.
Por su parte, la administradora del TSJE, Liliana Benítez, y su esposo, el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting (ANR), negaron que los disparos al vehículo hayan sido un autoatentado.
Benítez fue acusado por el miembro del Tribunal Alberto Ramírez Zambonini, de filtrar información para involucrarlo en el caso de los planilleros. El hecho fue negado por la afectada, quien aseguró que nada tenía que ver con el tema.
Amplían investigación
Por otro lado, el Ministerio Público amplió el curso de las pesquisas a más de 200 personas, quienes habían sido desvinculadas de la institución.
Las diligencias y el análisis de la situación están a cargo de la agente fiscal Claudia Morys, debido a la recusación formulada en contra de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Anticorrupción.
“Caso por caso estamos analizando. Eso implica una exhaustiva investigación de información, atendiendo que el hecho es complejo. En ese sentido, comprende indagar y verificar punto por punto cada cuestión, y eso lleva su tiempo. La determinación se irá tomando a medida que se cierre la investigación a cada persona, y por los grupos de personas que podrían estar vinculadas”, manifestó Morys.
“La carpeta fiscal fue abierta de oficio, con la primaria investigación a Clara Haydée Silveira Arza, su hermana Gloria María Paz y a la madre de ambas Ana Catalina Arza. Luego, la causa se amplió con la investigación a más personas”, explicó la agente del Ministerio Público, que tiene a su cargo el caso.