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La elección del narcotraficante Vilmar Acosta Marques como intendente de Ypejhú de la mano del Partido Colorado estuvo plagada de irregularidades. Una sola persona intentó impedirlo: Julián Núñez Benítez, pero fue inútil. Jueces, fiscales y ministros terminaron arrodillados ante el poder del hoy prófugo de la justicia, mientras el denunciante fue asesinado.
En agosto del 2010, poco después de las elecciones internas del Partido Colorado en las que se proclamó candidato a Vilmar Acosta Marques, el segundo más votado, Julián Núñez Benítez, solicitó la nulidad de la elección de Acosta Marques alegando que el mismo tiene doble nacionalidad, la paraguaya y la brasileña.
La Constitución y la Ley Electoral establecen que el candidato a intendente debe ser paraguayo natural.
La presentación se realizó ante el Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú, con sede en Ciudad del Este. La demanda fue admitida, y los jueces solicitaron al Consulado de Brasil en Salto del Guairá una copia del certificado de nacimiento de Acosta Marques. El documento fue remitido y admitido como prueba documental en el juicio.
La aceptación de prueba fue comunicada al abogado de la demanda, Godofredo Fleitas, el 10 de setiembre del 2010; y al representante de Acosta Marques, Braulio Duarte.
Sin embargo, el 30 de setiembre de ese mismo año, el Tribunal paranaense, integrado por los jueces Benicio Rodríguez, Carmen Chávez y Francisco Zacarías Cubillas, rechaza el pedido de nulidad y ratifica la candidatura de Acosta Marques. En su resolución, reconoce que un extranjero no puede ser candidato, pero alega que el Tribunal no puede saber si este hizo o no la opción de nacionalidad, por tanto, corresponde rechazar la acción de nulidad.
Núñez Benítez no se conforma y recurre al Tribunal Superior de Justicia Electoral. En su presentación insiste sobre la doble nacionalidad del candidato y menciona que en el juicio se presentó como prueba su certificado de nacionalidad brasileña.
El 1 de noviembre, un mes antes de los comicios, el Tribunal Superior, integrado por Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), Juan Manuel Morales (ANR) y Gilberto Aníbal Meza (ANR), rechaza la apelación.
El entonces ministro Morales opina que no corresponde al TSJE determinar si Acosta Marques hizo o no la opción de ciudadanía.
La última instancia que quedaba era la Corte Suprema de Justicia, y allá fue el dirigente Julián Núñez Benítez. La acción de inconstitucionalidad hasta ahora duerme en la sala Constitucional manejada por Víctor Núñez.
Este ministro, ese mismo año, salvó a Acosta Marques de la cárcel, cuando fue detenido junto a su padre Vidal Acosta, al hallarse restos humanos enterrados en el patio de su casa.
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La Constitución, en su artículo 153 numeral 1, establece que en caso de doble nacionalidad se suspende el ejercicio de la ciudadanía.
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Acosta Marques nunca fue visto en los tribunales ejerciendo su defensa, mientras Núñez Benítez lo hacía pese a recibir permanente amenaza de muerte.