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Según datos oficiales, solo Arrom solicita US$ 20,5 millones y sus familiares piden US$ 14 millones (US$ 34,5 millones en total). En tanto, al otro prófugo de la justicia paraguaya, Anuncio Martí, reclama US$ 20,5 millones y sus familiares, US$ 8 millones (US$ 28,5 millones). En total la suma asciende a US$ 63 millones. Sin embargo, Arrom señaló en la audiencia pública que su reclamo “simbólico” asciende a US$ 50 millones. Supuso que su compañero Martí también reclamaría el mismo monto, con lo cual totalizarían US$ 100 millones.
El vicepresidente de la Corte Interamericana de DD.HH. de la OEA, el juez chileno Vio Grossi, cuestionó la elevada cifra. “Vuelto al tema de lo simbólico del dinero que impacta, claro, debo reconocer; me da la impresión que estamos utilizando términos distintos. Símbolo es un signo que da cuenta de una idea en relación a una entidad ante una realidad por convicción o conveniente u objeto material que se asocia a la idea que se tiene de esa entidad”, definió. “Obviamente, pedir US$ 50 millones dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico porque aquí se aplican dos tipos de norma: 1. El artículo correspondiente de la convención americana que habla de justa indemnización, está clarito. 2. De ahí nos vamos a las reglas de responsabilidad internacional del Estado que establece que se debe restituir la situación anterior, que si no es posible se paga (indemnización), que si no es posible la indemnización, va la satisfacción, que ahí puede ser que sea un símbolo: rendir homenaje a la bandera, publicar algo en un diario oficial. En consecuencia, no me calza el que estén pidiendo US$ 50 millones como hecho simbólico y además que como está contemplada la justa indemnización y estas indemnizaciones van enlazadas con el daño. Tiene que demostrarse un daño y cuantificar. A veces es difícil y va la equidad”, agregó.
“Aquí nos piden por cifras una cantidad que parece un poquito alta. ¿Tuvieron en cuenta las normas para pedir esto?”, le dice a miembros de la Comisión de DD.HH.
Otro cuestionamiento
El juez Vio Grossi le cuestionó a la Comisión por qué dictó medidas cautelares el 5 de febrero de 2002. Luego le preguntó: “¿En qué se basó para dictar esas medidas cautelares?”. La vocera de la Comisión dijo que esas medidas fueron solicitadas por la Coordinadora de DD.HH. del Paraguay (Codehupy) porque Arrom y Martí huyeron del país. Pero el juez le señala: “Quiero que tengan en consideración que el 19 de enero había una orden de detención pública en causa; tuvo que haber consultado al Estado antes de dictar la medida. Aparece una medida cautelar en contra de una orden judicial. Es mi duda”. Otra pregunta a la comisión: el 11 de agosto de 2003 Arrom sale del país y el 1 de diciembre se le otorga refugio (en Brasil). Y la comisión emite informe de admisibilidad el 30 de octubre de 2008 y el informe de fondo en setiembre de 2017, varios años después estando los señores (Arrom y Martí) en refugio. ¿Consideró en el informe de admisibilidad y de fondo de que estas personas están en refugio y que no podían aportar colaboración en la causa? ¿Lo consideraron o no?”, cuestionó.