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El jefe comunal está procesado por la fiscala Brígida Aguilar por supuesto hecho de lesión de confianza. La agente exige a Ortiz que rinda cuentas y justifique el destino de unos 1.850 millones de guaraníes, que eran aportes del Fonacide.
“Le dimos poder al abogado Álvaro Arias y mediante una nota nos pusimos a disposición del Juzgado de Capiatá y se nos citó para la imposición de medidas para el día lunes 18 a las 10:00. También informamos al juzgado de atención permanente de la situación”, dijo Ortiz desde la clandestinidad.
Consultado sobre los cargos que se les imputan, adujo que todo está orquestado y que es una vil persecución política. Negó que haya mal utilizado los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Aseguró que recibía los desembolsos con normalidad del Ministerio de Hacienda y que el último cuatrimestre no rindió porque ya le correspondía a la intendenta Ramona López, que completó el periodo.
En cuanto a la compra de equipos informáticos a costo sobrefacturado, indicó que por recomendaciones de la Contraloría la empresa SD Ingeniería devolvió el dinero a la cuenta de Fonacide, porque supuestamente no se ajustaba a los precios reales. “No sé de dónde puede la Contraloría obtener computadoras a 1.700.000 guaraníes con impresoras y muebles”, expresó Ortiz.
La administración de Ortiz adquirió 27 computadoras con impresoras a G. 4.450.000 cada una por las cuales se abonaron más de 120 millones de guaraníes, y la Contraloría dijo que los aparatos solo costaban G. 1.700.000.
Ortiz calificó de maratónica la investigación fiscal. “El 17 de diciembre el colorado Hugo Waldino Lovera hizo la denuncia y el 22 me llama a declarar y me presenté, pero me abstuve y pedí copias de la carpeta, que se me negó y el 24 me pide informe del Fonacide desde 2001 a 2015. Solicité tiempo de 15 días para hacer las copias y también se me negó y ya luego vino la imputación y orden de detención. Es más que evidente que se trata de una persecución política”, alegó. Por su lado, Arias dijo que la fiscala incurrió en un error conceptual al calificar el hecho de lesión de confianza como crimen, cuando que se trata de un delito y que la pena es solo de cinco años de cárcel, que se puede ampliar a 10 años en casos muy graves.