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Dos instituciones públicas, dos precios diferentes, parece ser el razonamiento de la firma SST Security Service Tecnology SA, que está a punto de obtener un millonario contrato para seguir proveyendo servicios de seguridad privada al IPS.
La firma tiene como directivo a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro, y lleva años monopolizando la provisión del servicio en la previsional. El ente tiene previsto entregar casi G. 140.000 millones a SST y Bullers SA, otra firma vinculada a la familia Chamorro, en una sola licitación.
Datos recogidos revelan que la entidad previsional pagará con un sobreprecio superior a los G. 40.000 millones. Esto si se tienen en cuenta otros contratos recientes de la misma firma con entidades públicas.
G. 3 millones más por guardia
SST también fue contratada en 2018 por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) para proveer guardias de seguridad.
La firma recibió un contrato de G. 10.955.538.504 por 24 meses. Durante esos dos años de contrato, debía poner a disposición del SNPP un total de 74 guardias de seguridad.
Básicamente, cada guardia le costaría G. 6.168.659 al mes al SNPP. Esto se obtiene dividiendo el monto total adjudicado por la duración del contrato y luego por la cantidad de guardias requerida.
En el caso del IPS, SST cobrará G. 117.284.157.418 por la provisión de seguridad física al IPS. El contrato tendrá una duración de 18 meses y la firma deberá proveer 673 guardias. IPS terminará pagando G. 9.681.703 por cada guardia de seguridad. Entonces, la previsional pagará G. 3.513.086 demás por cada uno de esos guardias.
“Sobrefacturación” total
Tomando en cuenta los precios citados de SST, IPS podría ahorrar hasta unos G. 42.000 millones solo en el primer lote de la licitación. Si SST hubiera mantenido el precio que cobra al SNPP, el IPS debería pagar menos de G. 80.000 millones.
Llamado direccionado
Las denuncias apuntan a que hay un direccionamiento en esta licitación, y todo sería con la venia de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que rechazó tales denuncias.
Entre algunos puntos llamativos, el pliego prevé que el oferente debe operar un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de una marca específica que es representada en el país por la empresa de los Chamorro.
En Paraguay, ninguna otra empresa puede operar ni comercializar la marca de CCTV solicitada por el IPS.
Además, el documento establece exigencias de experiencia en seguridad de hospitales en las condiciones que solo el IPS necesita. Con esto, solo la firma SST podría ser seleccionada, puesto que la misma monopoliza este servicio en la previsional hace una década.
Solo SST recibió más de G. 250.000 millones.
Ni Chamorro ni directivos del IPS respondieron a nuestras llamadas.
juan.lezcano@abc.com.py