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El 3 de agosto pasado, el fiscal Carlos Arregui, de la Fiscalía de Delitos Económicos, recibió una nota enviada por el ministro del Interior, Carmelo Caballero.
En su escrito, el secretario de Estado expresó lo siguiente: “Habiendo analizado en su contexto las documentaciones referentes a la licitación “Adquisición de helicóptero táctico de transporte de personal policial”, la recepción de las aeronaves y los demás procesos administrativos en el marco de adquisición, mantenimiento, adquisición de repuestos y adquisición de equipos adicionales para helicópteros UH 1H surgen indicios que podrían derivar en una serie de responsabilidades del orden penal” (negritas son nuestras).
En su denuncia, el ministro Caballero dejó constancia de que “se tiene que de las averiguaciones realizadas por esta cartera de Estado, los helicópteros UH 1H –a más de un año de su adquisición y a pesar del compromiso asumido por la firma Proibérica– no cuentan con el manual de logística, siendo este manual de vital importancia para la seguridad y el buen funcionamiento de las aeronaves”.
La nota remitida al Ministerio Público finaliza con el pedido de investigación y eventual proceso penal para determinar responsabilidades en una malversación de fondos públicos.
El Ministerio del Interior entregó a la Fiscalía de Delitos Económicos los antecedentes del proceso de compra de los helicópteros tácticos para la Policía Nacional.
Funcionarios en la picota
La investigación dentro del Ministerio del Interior involucra a diversos funcionarios, entre ellos el Lic. Aníbal Muñoz, quien ocupó el cargo de director de Administración y Finanzas.
Lo mismo al Lic. Fernando Sakoda, de la Unidad Operativa de Contrataciones, y la Lic. Andrea Adle, de la misma oficina. Adle se retiró del Ministerio luego de concretarse la adjudicación de contrato a la firma Proibérica y se sospecha de su integridad.
Los mencionados funcionarios eran colaboradores cercanos de Rafael Filizzola en el período que ocupó el cargo de ministro del Interior.
En el caso de Muñoz, Caballero volvió a confiarle la Dirección General de Administración y Finanzas. Al abrirse la investigación interna, se resolvió su alejamiento.
Por Decreto 9452 se nombró en su reemplazo al Lic. Fernando Benítez Bordón. La salida de Muñoz se produjo en medio de una fuerte discusión con el ministro Caballero.
Fernando Sakoda, por su parte, fue el principal negociador con Proibérica y en junio pasado tuvo a su cargo defender ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la cuestionada licitación de compra de helicópteros.
Investigación de Hacienda
Desde Chile, la empresa Aero Flight Service confirmó que Proibérica pagó la suma de 4,5 millones de dólares por cuatro helicópteros tácticos.
El Estado paraguayo abonó 10 millones de dólares por estas aeronaves. Invirtió en repuestos que no recibe y en un motor que aún sigue en hangares chilenos.
El Ministerio de Hacienda es responsable de iniciar una auditoría administrativa para determinar el monto pagado por impuestos de importación de los helicópteros.
Allí se tendrá la confirmación de una sobrefacturación, en el momento de cobro, y eventualmente de una subfacturación, en el supuesto de que haya declarado un monto menor de los valores de las aeronaves en la importación.
Dada la carencia de los manuales logísticos, los helicópteros tácticos de la Policía Nacional se encuentran en tierra.