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El caso cayó con el juez penal de garantías N° 13 José Delmás y la agente del Ministerio Público solicitó que se le apliquen medidas alternativas a la prisión al implicado.
Claudio Romero fue detenido el lunes último por orden de la fiscala María Estefanía González. Se presentó luego ante la fiscala Savorgnan y declaró en carácter de indagatoria.
La mencionada agente resolvió liberarlo, pero horas después lo imputó por supuestas amenazas a una funcionaria de la empresa de telefonía Tigo, Silvia Noelia Velázquez.
El caso deriva de un pedido de registros telefónicos del presidente de la República, Horacio Cartes, y su entorno, de fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2017, cuando se atropelló la sede del PLRA y se produjo el homicidio del joven Rodrigo Quintana.
La entonces fiscala de J. Augusto Saldívar, Brígida Aguilar, solicitó esos registros en otra causa que nada tenía que ver con el homicidio.
La citada fiscala alegó que le falsificaron su firma y su esposo, Romero, supuestamente coaccionó a una funcionaria de Tigo para que revele la verdad y no complique a su pareja.
El hoy imputado no niega que envió mensajes a Velázquez, pero asegura que era porque se cometía una injusticia con su esposa.
El hombre también indicó que arregló con las víctimas en sus procesos como abogado “mau”, ya que cuenta con esos antecedentes.