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Núñez Salinas, imputado por un multimillonario contrabando de artículos electrónicos, fue el principal operador para reunir los votos y archivar la pérdida de investidura de José María Ibáñez (ANR, abdista).
El pedido de pérdida de investidura presentado el martes pasado cuenta con más de 30 firmas. Núñez Salinas se encargó de juntar las firmas y realizar todo el trámite legislativo para que sea archivado y así no pueda tratarse el pedido de destitución en el lapso de un año.
El diputado cartista Tomás Rivas tiene un caso calcado al de Ibáñez. Está imputado porque le descubrieron tres “caseros” que “planilleaban” en la Cámara Baja.
Rivas el miércoles pasado había recriminado a su colega Walter Harms (ANR, cartista) porque este había recomendado a Ibáñez que renuncie a su banca para evitar más exposición a su familia.
El diputado Rivas apeló su desafuero para que la Cámara ni siquiera proceda a despojarle de su inmunidad. El parlamentario planteó una medida nunca antes utilizada en Diputados.
Por otro lado, Carlos Portillo (PLRA, efrainista) fue imputado por cuatro delitos entre, ellos por supuesto tráfico de influencias. El liberal desde un principio manifestó su rechazo a la intención de destituir a su colega.
La diputada Marlene Ocampos (ANR, samanieguista) está siendo investigada por la Fiscalía por una supuesta lesión de confianza cuando era gobernadora de Alto Paraguay.
Todos los diputados señalados se abstuvieron de votar. Sin embargo, al abstenerse ayudaron a reunir el quorum para tratar el pedido y evitar que se reúnan los 53 votos que se requieren para que un parlamentario pierda su investidura.
Los diputados blindarían a su colega para evitar que ellos sean los próximos en caer. De esta manera buscan refugiarse en sus bancas desde donde gozan de poder político e impunidad.
Constitución
El artículo 201 de la Constitución Nacional establece claramente que se puede aplicar la pérdida de investidura por uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.