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Se trata de Alcides Fonseca Legal, quien cobraría en la Contraloría General la suma de G. 4.821.936; y en la binacional Itaipú, un total de G. 11.173.900.
El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui, ordenó la apertura de una investigación de oficio. Para el caso designó a la fiscala Liliana Alcaraz.
“Se tiene que Alcides Fonseca Legal estaría percibiendo remuneraciones de la Contraloría General de la República y también de la Itaipú Binacional, contrariando disposiciones constitucionales y legales”, dice la resolución.
Explica que conforme con las publicaciones de ABC Color, de fecha 26 de octubre; y de Última Hora, del 27 de octubre pasado, se advierte la existencia de un relato circunstanciado de hechos amparados por planillas de ambas instituciones.
“De lo cual se tendrían indicios suficientes acerca de la supuesta comisión de hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa, sin que pueda descartarse como hipótesis punible la lesión de confianza, pues de los elementos mencionados en las notas periodísticas se infiere que Alcides Fonseca Legal habría percibido doble remuneración como funcionario de la Contraloría General de la República y de la Itaipú Binacional, pese a existir una prohibición constitucional y legal”, dice el escrito.
Califica como en otros casos anteriores de excepcional la apertura de oficio, ya que no hay ninguna denuncia presentada ante el Ministerio Público.
“El carácter excepcional de la apertura de esta investigación surge de la participación de funcionarios públicos en la comisión de hechos de corrupción pública, cuya investigación es por demás compleja, requiriéndose por este motivo de la experiencia y el conocimiento de los agentes fiscales integrantes de esta unidad especializada. Además, las publicaciones hacen referencia a evidencias concretas”, menciona la resolución.