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El proyecto de Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, mediante el cual se eliminan todos los poderes de la Opaci en materia de registros de conducir, ya se encuentra en el Poder Ejecutivo, desde el jueves, luego de que el Congreso remitiera el documento.
El mismo fue sancionado el 23 de marzo de este año pero, a raíz del incendio del edificio del Congreso una semana después, el proyecto quedó varado en el Senado durante unos seis meses.
Antecedentes
La Opaci durante muchos años estuvo bajo el poder del clan Núñez compuesto por los hermanos Basilio, actual asesor presidencial con rango de ministro; el diputado Óscar Venancio (imputado) y el exintendente de Villa Hayes Ricardo.
Durante el periodo comprendido entre el 2010 al 2015, que los mismos estuvieron a cargo de la cuestionada organización no gubernamental, tuvieron la posibilidad de administración de más de 182.000 millones de guaraníes, producto de la recaudación en concepto de aranceles por expedición, renovación y anulación de licencias de conducir, además del cobro por transferencia de bienes raíces.
Con la propuesta legislativa sancionada, la ONG dejará de tener poder sobre las licencias de conducir, no así sobre los impuestos municipales correspondientes a las transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos (hipotecas).
Estos recursos genuinos de las comunas son el principal “chantaje” utilizado por la ONG a la hora de cobrar las tasas correspondientes a la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
La Opaci recaudó solo en el año 2015 por venta de inmuebles e hipotecas más de G. 16.280 millones. Según los antecedentes, la ONG actúa como un simple agente de retención de esos fondos y cobra gastos administrativos gracias a un simple acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay.
Este último punto es ilegal porque el artículo N° 194 de la Ley 3966/2010 “Orgánica municipal” establece que el producto de los impuestos y demás ingresos municipalidades deberá contabilizarse y depositarse en la respectiva cuenta de recaudación por su importe íntegro, sin deducción alguna, y que cualquier uso o retención no justificada constituirá un hecho punible contra el patrimonio. La actual presidenta es la intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, cartista).