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Según el panorama previo, votarían a favor del pedido de desafuero de Zacarías Irún la bancada de Colorado Añetete y las bancadas de la oposición, con lo cual tendrían una amplia mayoría. Inclusive, se espera que también la bancada cartista apoye la solicitud judicial, teniendo en cuenta que el mismo senador afectado pidió en una nota a la Comisión Permanente que se acelere el trámite.
El pedido de desafuero de Zacarías Irún se debe a la imputación de la fiscalía por el supuesto delito de declaración falsa. En el caso también está incluida su esposa, Sandra McLeod.
El legislador remitió una nota a la Comisión Permanente del Congreso en la que dijo que no corresponde considerar su pedido de desafuero ya que está en etapa de apelación. Sin embargo, solicitó también que se trate de manera expeditiva.
Por su parte, el pedido de desafuero de la senadora Masi es en la querella entablada por Luis Canillas, exasesor jurídico de Yacyretá por supuesta difamación, calumnia e injuria, pidiendo una reparación de G. 2.500 millones por aparente daño, debido a afirmaciones que hizo la legis- ladora en su cuenta de Twitter. Previamente, Masi querelló a Canillas por calumnia, difamación e injuria.
La acción penal fue como consecuencia del video difundido en diciembre del 2017, donde Canillas trató a una imagen corpórea de Masi de “vieja hija de p...”, entre otros improperios.
La imputación por la cual se solicita el desafuero del senador Víctor Bogado es por una querella de la diputada del PLRA Celeste Amarilla, quien lo acusó de denigración de la memoria de un muerto, por expresiones que tuvo el legislador contra el fallecido director de Itaipú, Franklin Boccia.
Mayoría de dos tercios
Para que los pedidos de desafuero sean aprobados por la cámara se necesita una mayoría de dos tercios de votos, según establece el artículo 191 de la Constitución. Para hoy se prevén varios legisladores ausentes por motivos de viaje o permiso, indicó ayer el titular del Senado, Silvio Ovelar (ANR, Añetete). El legislador de hecho dijo que no está asegurado el quorum (23 de un total de 45) y que esperaba que no haya inconvenientes para preservar la imagen de la Cámara. Según las consultas realizadas con distintas bancadas, prácticamente ningún sector se opone al pedido del juez, más allá de las críticas que hacen los cartistas por no haberse respetado el proceso judicial y porque, supuestamente, hay persecución política.