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El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el colorado Jaime Bestard (ANR), admitió que este año no iban a ser “rigurosos” en la aplicación de la Ley de Financiamiento Político, promulgada en 2012, porque supuestamente los partidos no tuvieron “tiempo” para adaptarse.
En realidad, los partidos intentaron justificar sus gastos electorales violando abiertamente la normativa, incluso con hechos pasibles de imputación.
Las agrupaciones presentaron en su gran mayoría “recibos comunes” que no pueden rastrearse e incumplieron sin rubor la exigencia de usar el 30% del dinero estatal que reciben para la capacitación de sus cuadros.
En uno de los casos más pintorescos, la Concertación Juntos Podemos en Capiatá rindió gastos electorales por G. 330.000 por servicios personales de maquillaje y peluquería (ver facsimilar).
Funcionarios de la Comisión de Financiamiento Político señalaron que la agrupación argumentó que lo usaron en modelos que acompañaban a los candidatos y repartían volantes.
Descuento a aportes
El coordinador de la Comisión de Financiamiento Político del TSJE, Edmundo Rolón, apuntó que ante la falta general de cumplimiento de la Ley de Financiamiento se resolvió que las principales agrupaciones solo cobren el 60% del aporte calculado. Es decir, de G. 42.756 millones, cobrarán 25.654 millones este año.
A modo de ejemplo, la ANR cobrará G. 10.645 millones en lugar de G. 17.742 millones. El PLRA debía cobrar G. 12.369 millones, pero este año recibirá G. 7.421 millones. El dinero sobrante no será transferido por Hacienda, señaló (ver primer cuadro de la infografía).
El aporte es el pago anual que el Estado distribuye a los partidos por cada voto (G. 7.397) recibido en cargos legislativos. Por otro lado, el subsidio es el pago que el Estado hace a los partidos por el gasto en cada elección. Equivale al 15% de un jornal mínimo (G. 10.523) por cada voto que obtuvieron.
Rolón cuestionó que los partidos políticos también acostumbran justificar el gasto electoral en “ayudas sociales” mientras incumple la obligación legal de formar cuadros. “Ese aporte de la ciudadanía, de los contribuyentes por medio de impuestos para el sostenimiento de la democracia no se revierte en calidad”, aseveró.