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El 17 de abril pasado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, intimó al senador Bogado a que haga copia para traslado, referente a la acción promovida y denuncie el domicilio del fiscal interviniente en el caso. El plazo otorgado fue de ocho días, bajo apercibimiento de que si no lo hacía, se tendría por no presentada la inconstitucionalidad.
De esta forma, Bogado que presentó ya la acción el 30 de setiembre de 2016, se vio obligado a realizar la copia. Sin embargo, ahora el caso de nuevo está paralizado, porque el legislador tiene que pagar al ujier para que notifique al fiscal René Fernández sobre la inconstitucionalidad. El agente del Ministerio Público tiene que elevar su postura respecto a la acción a la Corte.
La dilación del proceso solo favorece a Bogado, que hace casi 5 años viene incidentando su proceso penal, que es más conocido como el caso de la “niñera de oro”.
La Sala Constitucional está integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco. Este último integró la Sala ante la inhibición de la ministra Miryam Peña, quien se apartó luego de “dar una mano” a Bogado, con la admisión de la acción. A Peña se adhirió Fretes.
Sin embargo, la ministra Bareiro de Módica había manifestado que la acción se tenía que rechazar “in limine”. Alegó que el accionante no mencionó los artículos constitucionales violados por la Cámara al confirmar al juez Delgado.
De acuerdo a los antecedentes, Delgado se inhibió del caso por que intervinieron en el proceso los abogados José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, con quienes tiene un vínculo de amistad, según afirmó.
La inhibición de Delgado fue impugnada por su colega Griselda Caballero, quien señaló que el magistrado debió rechazar la personería a González Macchi y Galeano Perrone, ya que era evidente que el objetivo era solo dilatar el proceso a Bogado.
En su acción ante la Corte, el legislador colorado apuntó que se vio obligado a cambiar a su abogado Óscar Latorre, debido a que el mismo estaba enfermo.
“Las causas que motivaron el cambio de profesional al frente de mi defensa, fueron cuestiones imponderables y no con la sola intención de apartar al juez de la causa. En el primer caso por enfermedad de mi abogado de confianza y en el segundo, por renuncia del profesional Willian Iván Ruiz”, manifestó Bogado.
Para Bogado, la resolución de la Cámara que confirmó a Delgado como juez, viola los artículos 16 y 17 de la Constitución, que hacen referencia al derecho a la defensa y el derecho a la libre elección de defensores.
La acción
El parlamentario presentó la acción el 30 de setiembre de 2016. Recién el 20 de marzo del año pasado, los ministros Fretes y Peña admitieron la acción, con la disidencia de Bareiro.
En marzo pasado ya se cumplió un año de la presentación de la inconstitucionalidad y es casi seguro que la resolución de la misma se seguirá dilatando.
La Fiscalía General del Estado, en la época de Javier Díaz Verón, también le “pasó la mano” a Bogado al solicitar la interrupción del plazo. Cuando la Corte le corrió traslado, dijo que primero se tenía que enviar al fiscal de la causa, en este caso René Fernández, para escuchar su postura.
Caso “niñera de oro”
El 23 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios y estafa.
El 4 de junio de 2014 fue acusado por la fiscalía y a partir de ahí hasta ahora la justicia no resolvió si el mismo debe afrontar o no juicio oral y público.
Según la acusación, cuando era titular de Diputados, consiguió que la niñera de sus hijas Gabriela Quintana sea contratada en Itaipú a sabiendas de que la misma era funcionaria de la Cámara Baja. El cobro indebido en la binacional fue más de G. 70 millones.