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Loizaga dijo que en el caso de la menor de edad paraguaya embarazada, “a quien el Estado paraguayo, conforme a su disposición constitucional, de respetar la vida desde la concepción, ha defendido para que continúe su embarazo rechazando además una medida cautelar” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA.
El ministro de Relaciones Exteriores aludió al rechazo de Paraguay a las “medidas cautelares dictadas al país ante el caso de la niña embarazada, en razón de que considera que han sido adoptadas todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”.
En este sentido, la Cancillería sostiene que “considerando el nivel de exposición mediática que ha alcanzado el caso, se recuerda a los medios y a la opinión pública en general la necesidad de precautelar la identidad de la niña y su entorno familiar, respetando su derecho a la privacidad y a la no exposición, tanto de ella como de su bebé gestante”, conforme a las leyes.