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La investigación que está realizando la Justicia Militar sobre el caso de la venta ilegal de armas y municiones adquiridas a nombre de la Corte ha hallado indicios claros de la responsabilidad de Campos Krauer, porque el mismo, a través de la resolución 483 del 27 de diciembre del 2010, puso de nuevo en vigencia el decreto 3625/2004 que reglamentaba la derogada Ley 1910/2002 de “armas de fuego, municiones y explosivos”, explicó la fuente militar consultada.
La resolución de Campos Krauer revivió el decreto 3625 mientras Dimabel debía hacer “la reglamentación definitiva del mencionado cuerpo legal (Ley 4036/10”), algo que nunca hizo, de acuerdo nos explicaron.
Al día siguiente de esta resolución 483, la Corte por resolución 2409 del 28 de diciembre del 2010 adjudica a Comtecpar la compra de 2.500 proyectiles 5,56 x 45, 25 pistolas calibre 9mm, 20 escopetas calibre 12 y 12 carabinas calibre 5,56 x 45. Sin embargo, la firma importó 12.500 balas y 20 fusiles de asalto, es decir, 9.500 municiones más y cinco fusiles más que lo que le adjudicó la Corte, según los datos. El remanente de los proyectiles se vendieron en el mercado comercial.
Campos Krauer no pudo haber puesto en vigencia el mencionado decreto porque este fue derogado expresamente por la Ley 4036 de “armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, accesorios y afines” en su art. 110. Por una resolución de un organismo militar no se puede poner en vigencia un decreto derogado por ley del Congreso, según nuestra fuente.
El titular de la Dimabel debió reglamentar la Ley 4036 en cuanto al tipo de armas y proyectiles que pueden utilizar los civiles y para ello debió enviar una propuesta al Poder Ejecutivo para emitir el correspondiente decreto, conforme nos explicaron.
La rehabilitación del decreto ya derogado pudo haber sido una maniobra para que la Dimabel se cubra las espaldas en este caso de venta ilegal de armas y proyectiles, pero todo lo que hizo fue ilegal, nos aseguraron. En opinión de nuestra fuente de la Justicia Militar, la Corte no puede adquirir armas de guerra, porque el art. 8, inciso “g”, de la ley 4036, no considera el Poder Judicial un órgano de defensa y seguridad del Estado, que son las FF.AA., Policía, Senad, Caminera, guardias de parques y cárceles.
LA INVESTIGACIÓN PENAL
- La investigación penal está a cargo de los fiscales Federico Delfino, Sandra Quinóñez y Francisco Ayala, bajo la coordinación del fiscal adjunto de la Unidad Antisecuestro, Alejo Vera.
- El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había conformado un equipo de investigación atendiendo la gravedad del hecho denunciado, que es tráfico internacional de arma de guerra.
- Existen fuertes indicios de que la empresa Comtecpar ( de Carlos León) importaba más armas y municiones que las solicitadas por las instituciones del Estado. Se busca determinar en manos de quiénes fue a parar el material bélico que era para órganos del Estado.