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La fiscala Stela Maris Cano pidió al Tribunal de Apelación ratificar la prisión del concejal de Ciudad del Este Celso Miranda, de su hijo Celso Miranda y del edil Miguel Martínez y el arresto domiciliario de Jorge Almada y Raimundo Ayala Dávalos. Todos, junto al abogado Paraguayo Cubas, preso en la cárcel de Emboscada, participaron el 29 de enero pasado de la manifestación frente a la casa de Díaz Verón.
En primera instancia, los jueces Griselda Caballero y Paublino Escobar ratificaron la prisión de los imputados por comisión de hechos punibles de daño a cosa de interés común, perturbación de la paz pública y resistencia.
La fiscalía, para sostener la prisión de los encausados, atribuyó a los mismos la violación del inciso 2° del artículo 234 del Código Penal, que dice que el autor tiene que portar un arma de fuego u otro tipo de arma, con la intención de usarla; o incitar a un saqueo o participar de este. En este caso, la pena se eleva a diez años de cárcel y convierte el hecho en un crimen y no delito. Por lo tanto, la ley no permite medidas sustitutivas.
Sin embargo, el Ministerio Público no aportó elementos que por lo menos evidencien que Cubas como los otros imputados hayan portado armas, incitado a usarla y mucho menos participar de un saqueo.
Si bien hubo enfrentamiento con la Policía, no se le podría atribuir a los manifestantes el inciso 2° del artículo 234 de la ley penal.
Se alega, incluso que los encausados pintaron vehículos del Estado que, según fotografías publicadas, no tenían logotipo alguno y de ninguna manera se podría saber que son del Estado.
La Corte
Según fuentes judiciales, la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, es una de las principales operadoras del presidente Horacio Cartes en el Poder Judicial. Es notoria, la buena relación entre el Mandatario y la titular del alto tribunal, quien participó y participa de los actos de gobierno, invitada por HC. Este incluso estuvo el año pasado en el Poder Judicial, cuando Pucheta fue elegida titular de la máxima instancia judicial.
Precisamente, el tema de la enmienda y otras cuestiones político-jurídicas podrían parar en el alto tribunal, que está integrado por una mayoría colorada.
Atendiendo el antecedente de Paraguayo Cubas y los grafiteros presos, es fácil concluir que los ministros van a fallar a favor del poder de turno.
Fiscalía General
Por otro lado, tampoco se puede desconocer el “buen relacionamiento” de Díaz Verón con el titular del Ejecutivo. Precisamente, el intendente de Caazapá, Pedro Díaz Verón, hermano del fiscal general, fue quien pidió a viva voz la reelección de Cartes en la convención colorada del sábado 29 de octubre pasado.
Jurado
El Jurado de Enjuiciamiento, órgano encargado de enjuiciar y remover a jueces y fiscales que actúan al margen de la ley, también está presidido por un cartista, el senador colorado Óscar González Daher.
El referido órgano hizo la “vista gorda” a la actuación irregular de los camaristas de Ciudad del Este Isidro González, Aniceto Amarilla y Miriam Meza de López. Los mismos, para mantener preso a Cubas, por pintar la fiscalía de Ciudad del Este, aplicaron una ley derogada.
La ignorancia de la ley es causal de remoción de los camaristas. Sin embargo, ni la Corte ni el Jurado hicieron nada ante el evidente mal desempeño en funciones.