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La resolución de la Corte Suprema surge a pedido de una “acción declarativa de certeza constitucional” sobre los artículos 217 y 202, inc. 10, de la Constitución Nacional, solicitada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña, el 30 de diciembre del año pasado.
El artículo 202 establece los deberes y atribuciones del Congreso y en el inc. 10, el de aprobar o rechazar la contratación de empréstitos; en tanto el artículo 2017 habla sobre la vigencia del presupuesto.
La medida cautelar fue otorgada el 14 de febrero por la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Raúl Torres Kirmser.
Tanto la presentación del ministro Peña –que la hizo cuando el presupuesto no se puso aún en vigencia (ver cronología)– como la resolución de la Corte llamativamente no se dieron a conocer hasta ayer, cuando se filtró el documento.
La Corte ahora deberá resolver sobre la “certeza constitucional”, una figura inexistente en la Constitución y que fue utilizada en 1999 para que Luis González Macchi fuera presidente de la República. De acuerdo a lo que se maneja, es prácticamente un hecho que salga favorable al Ejecutivo, incluso el fiscal general, Javier Díaz Verón, dictaminó en ese sentido.
Con la medida cautelar Hacienda considera que ya es una garantía suficiente para salir al mercado internacional y convencer a los inversionistas de que los bonos tienen respaldo legal, por lo que no esperaría una resolución final porque apunta a colocar a fin de mes o inicios de marzo.
La medida cautelar señala que mientras se tramita la presente acción el artículo 73, siguientes y concordantes de la Ley 5554/16, de Presupuesto General de la Nación, se encuentran vigentes para el ejercicio fiscal 2017.
Este artículo 73 autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos hasta por un monto de más de G. 3,8 billones (US$ 678 millones al cambio vigente), aunque el ministro de Hacienda asegura que colocarán hasta US$ 558 millones. El 57% de los fondos de este nuevo endeudamiento se utilizará para bicicletear deudas vencidas.
El Gobierno, con la venia de la Corte, busca eludir el fuerte rechazo de los legisladores de la oposición y la disidencia del Partido Colorado, que consideran ilegal la emisión de bonos sin la autorización del Congreso.
Para el Ejecutivo, sin embargo, tras el veto al proyecto de ley de presupuesto 2017, sigue en vigencia el presupuesto 2016 plenamente, incluyendo los bonos.