Gobernador califica de narco a diputado de ANR

El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez (ANR, Añetete), acusó al diputado Freddy D’Ecclesiis (Añetete) de “narco”. Por amenazas dice que compró una camioneta blindada con dinero público. El legislador le contestó.

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El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez (ANR-Añetete), se lanzó contra su compueblano, el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR, Añetete) a quien acusó de ser narcotraficante. Dicha declaración la brindó ayer a ABC Cardinal 730 AM, cuando fue abordado por la compra de una lujosa camioneta blindada con dinero de la Gobernación, y cuyo valor está por encima de los G. 540 millones, que “ni siquiera es caro”.

“Yo no tengo seguridad policial, tengo seguridad privada porque estoy enfrentando a los narcos como Freddy D’Ecclesiis que yo sé que probablemente todas estas consultas medio que viene indirectamente de ese lado”, respondió Giménez.

Diputado responde

El cuestionado diputado D’Ecclesiis acusó de numerosos hechos de corrupción a su correligionario y compañero de movimiento, el gobernador de San Pedro. Dijo que espera que se cumpla la promesa del presidente Mario Abdo Benítez de luchar contra la corrupción “caiga quien caiga”. 

D’Ecclesiis tuvo ayer “micrófono abierto” y sobrepasó el tiempo reglamentario ante el pleno de la Cámara Baja para señalar que Giménez presentó una rendición de cuentas rechazada por 11 de 12 concejales departamentales. Denunció que el jefe departamental hizo negociados con empedrados y enripiados fantasmas a cargo de una empresa “de maletín” y que los pocos trabajos ejecutados fueron llevados a cabo con maquinarias y funcionarios de la gobernación y del Ministerio de Obras Públicas. 

También lo acusó de malversaciones por G. 900 millones no justificados y denunció que Giménez desvió fondos del Fonacide sobrefacturando la construcción de aulas; de tener conexiones clandestinas a la ANDE en su estancia en Choré y de encabezar un caso de alquileres fantasmas con fondos de la gobernación.

Medidor irregular

El gobernador confirmó que tiene en su propiedad de Choré instalado un medidor de manera irregular, ya que el mismo se encuentra dentro de su propiedad, donde no pueden ingresar los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad para la lectura correspondiente. Justificó dicha ilegalidad, asegurando que ya estaba así cuando adquirió la propiedad en el 2005.

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