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Jazmín Narváez (ANR, Añetete), diputada de Central y líder de la bancada abdista, pidió “reflexionar sobre las actuaciones del Ministerio Público” y sostuvo que la imputación contra Quintana era “exagerada e injustificada”.
Roberto González Segovia (ANR, Cordillera), procesado por fraude en 2009, directamente pidió al juez de la causa, Rubén Ayala Brun, juzgar al legislador en forma objetiva y como un ciudadano común, no como a un político al que sí o sí hay que condenar. También dijo que le preocupaba el “ensañamiento” del caso.
Kattya González (PEN, Central) dijo que esto demuestra la necesidad de una depuración en el Poder Judicial. Señaló que la Corte no puede seguir en manos de “bastardos” y representantes del crimen organizado.
Rocío Vallejo (PPQ, Central) expresó que como exfiscal le preocupaba que el pedido de imputación contra Quintana no explique detalladamente por qué le atribuyen tráfico de drogas.
Édgar Acosta (PLRA, Central) recordó que la cuestionada fiscala, Victoria Acuña, también lo imputó absurdamente por un hecho posterior a su gestión en la INC. Lamentó que otro diputado imputado, Teófilo Espínola (PLRA, Canindeyú) también fuese procesado por la misma fiscala.
Por su parte, Antonio Buzarquis (PLRA, Caaguazú), hermano del senador imputado Salyn Buzarquis, también cuestionó la crediblidad del sistema de justicia y puso como ejemplo el caso Curuguaty de junio de 2012.
Señaló que los campesinos inicialmente tratados de asesinos finalmente fueron absueltos. Dijo que actualmente las organizaciones de derechos humanos prefieren proteger a homicidas antes que luchar por causas justas. Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), dijo que urge una renovación de la justicia.