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El FG afirma principalmente que el Estado tiene US$ 750 millones al año que ingresan vía hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yacyretá para destinar a proyectos de infraestructura, sin necesidad de sancionar el citado proyecto de ley.
Señala que si se aprueba esta propuesta (como parece que va a ocurrir este martes), el Congreso ya no intervendrá más en el otorgamiento de concesiones como establece la Constitución nacional. Es decir, se le dará un “cheque en blanco” al Ejecutivo, agrega.
Por otro lado, sostiene que habrá una pérdida de soberanía judicial ya que todo queda a cargo de un “arbitraje”.
Además, se establece que “todo se puede privatizar”, tales como transporte, energía eléctrica, infraestructura social y urbana (agua potable, alcantarillado sanitario, etc.).
El documento del FG advierte también que todo el riesgo lo asume el Estado y el sector privado nada arriesga. Además, sostiene que las obras traerán un sobrecosto para el usuario: 10% para el iniciador privado y 2% para el fondo de garantía.
“No es privatización”
El líder de la bancada de la ANR y titular de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Luis Castiglioni, reiteró que el citado proyecto de ley “no es una privatización” de los entes públicos; no hay enajenación de bienes públicos.
“Nosotros creemos que son formidables proyectos para el desarrollo nacional porque establece un abanico de modalidades de financiamiento y tratar de aprovechar la enorme cantidad de capital disponible a ser invertido en obras de infraestructura”, replicó.