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El Ministerio Público ya sabe desde el viernes pasado que hubo acceso ilegal a los números de llamadas recibidas y realizadas desde los celulares laboral y particular de la periodista de nuestro diario que investigaba corrupción en las Fuerzas Militares. Mientras la reportera investigaba y publicaba denuncias contra el comandante Gral. Luis G. Garcete y su esposa Lucía Duarte, ella también era investigada por inteligencia militar.
El 2 y el 4 de julio se ingresó ilegalmente al sistema telefónico de la colega para extraer un reporte completo de llamadas realizadas y recibidas. La telefónica Núcleo SA, en cuyos registros figuran ambos números, fue emplazada por la Fiscalía General del Estado para emitir un informe. La telefónica reportó que se obtuvo acceso ilegal a los datos privados de la periodista de nuestro medio: el 2 de julio investigaron el celular laboral y el 4 investigaron el equipo utilizado en forma particular.
De acuerdo a nuestras fuentes, una vez que tuvieron todos los números que llamaban a la periodista y aquellos a los que ella llamaba, los ingresaron a un software: Se utilizó el I2 para ingresar el reporte completo de los números telefónicos. Con todos los números visualizaron un árbol de llamadas para determinar cómo fueron las comunicaciones. Fuentes confirmaron a nuestro diario que los informes estuvieron en la Dirección de Fuerzas Militares hasta el día antes de que la Fiscalía abriera carpeta de investigación.
Los fiscales Claudia Moris y Francisco Torres investigan el hecho.
Ignora espionaje
El exfiscal antidrogas y actual ministro del Interior, abogado doctor Francisco de Vargas, relativizó las denuncias sobre espionaje telefónico realizado al celular de la periodista de nuestro medio. Fue el domingo en la noche, en el programa “Cara o Cruz” conducido por los colegas periodistas Enrique Vargas Peña y Jorge Torres Romero.
“Se utiliza el término espionaje en forma muy insinuante porque hasta ahora lo único que yo deduzco es que hubo una extracción de estado, de sábana de llamadas, para lo cual no se necesita ninguna tecnología”, expresó el otrora fiscal antidrogas y actual ministro del Interior.
El periodista Enrique Vargas Peña le reclamó diciendo: “Sabes que ese solo gesto es descalificador” y el ministro replicó. “Claro que es descalificador, pero voy a responderte. Si algo se hizo, el sistema Bravo del Departamento de Inteligencia no tiene absolutamente nada que ver, y de hecho la Fiscalía lo está verificando... si algo se hizo, de hecho no estoy diciendo que se haya hecho…”, aclaró De Vargas. Sorprendentemente, el ministro del Interior admitió que no habló con Garcete sobre ese tema (espionaje) en particular, pese a que salpica al sistema CI 3 (Sistema integrado de inteligencia). “El CI 3 funciona en dos lugares, funciona en sus bases en Santa Rosa del Aguaray con un personal espejo en el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional para utilizar esa herramienta. Ergo, el personal que permanentemente está usando eso, se está trasladando de un lugar a otro. Eso del retiro de personal, discúlpenme no lo comparto porque estamos monitoreando totalmente esto y todo el tiempo está personal allá, trabajando”, dijo el ministro del Interior.
Con su formación jurídica, De Vargas no puede desconocer que el acto de espionaje se centra sobre la actividad fraudulenta dedicada a obtener información de forma ilegal. No puede ningunear la denuncia relativizando todo a que fue una simple “extracción de estado, de sábana de llamadas”. El hecho violenta varias normas constitucionales y el propio Código Procesal Penal, algo que él en su carácter de abogado y exfiscal debiera saber mejor que nadie.
mabel@abc.com.py