Fiscalía ya abrió una investigación

Las fiscalas Susy Riquelme y Josefina Aghemo vinieron a ABC para recabar la evidencia del caso soborno denunciado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano.

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Luego de que el periodista denunciara que las firmas SST Security Service Tecnology SA y Bullers SA le enviaron dinero para suspender las publicaciones sobre el presunto direccionamiento en una licitación en el Instituto de Previsión Social (IPS), las representantes del Ministerio Público junto a tres asistentes se presentaron en la redacción de nuestro diario para recabar las evidencias correspondientes.

Se contaron los billetes que fueron entregados por Peña, que en su totalidad dieron la suma de G. 40 millones. En principio se creyó que eran solo G. 22 millones pues esta fue la cifra que la empresaria indicó que contenía el sobre entregado al periodista.

Durante la intervención se anotaron los números de serie de los billetes, 400 en total de G. 100.000 de denominación. El dinero fue llevado por las agentes fiscales como evidencia.

Otras de las evidencias que ya están en manos del Ministerio Público son los videos grabados por Juan Carlos Lezcano durante las reuniones sostenidas con los involucrados.

Además, se pusieron a disposición de las fiscalas las capturas de pantalla de los mensajes de María Luz Peña y videos del circuito de seguridad de ABC Color que muestran la camioneta Porsche en la que llegó la misma para entregar el dinero.

El periodista describió detalladamente el proceso que terminó con la entrega del dinero y la forma en la que con posterioridad continuó recibiendo mensajes por parte de los implicados para tratar de retirar el dinero. Los mensajes de supuesta equivocación en la entrega de la suma llegaron apenas se comenzó a revelar el caso a través de radio ABC Cardinal AM y de ABC TV.

Los abogados César Coll y Rodrigo Yódice acompañaron al periodista durante la presentación de la denuncia y señalaron que uno de los primeros puntos a ser aclarados debería ser el origen del dinero entregado a nuestro compañero de trabajo.

Ambos profesionales del derecho coincidieron en manifestar además que se trataba de una cuestión de libertad de expresión y prensa, pues con la entrega de dinero se buscó frenar la publicación de una serie investigativa de interés público.

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