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Hace ya casi un año que se presentó ante el Ministerio Público una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el senador liberal llanista Dionisio Amarilla. En todo este tiempo no se abrió siquiera una carpeta de investigación y mucho menos se designó a un fiscal para que lleve adelante la causa.
En setiembre del año pasado la Fiscalía había anunciado que investigaría a Amarilla junto a otros varios políticos, como el también senador Javier Zacarías Irún o el titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Con ellos dos las investigaciones avanzaron aunque se encuentran paradas debido a chicanas presentadas por los políticos.
El de Amarilla, en cambio, es un caso muy particular. Hasta ahora la causa no cuenta siquiera con un fiscal designado.
Pasamanos de culpa
Inicialmente, la Fiscalía había señalado la falta de elementos en la denuncia presentada contra Amarilla para iniciar la investigación. Sin embargo, para tratar de zafar de la responsabilidad, tiró el caso a manos de la Contraloría General de la República.
Fue por eso que en agosto del año pasado la Dirección de Unidad Especializada del Ministerio Público, a cargo de Miguel Ruiz, decidió solicitar a la Contraloría la correspondencia de bienes del legislador, para decidir posteriormente si abrían o no una causa contra el mismo.
En la Contraloría la encargada de analizar las Declaraciones Juradas de Bienes para realizar los análisis de correspondencia era Analy Valiente, esposa del legislador. La misma había sido puesta en el cargo por el entonces contralor Enrique García, el mismo al que Amarilla defendió fervientemente durante su juicio político.
Ni Valiente ni García remitieron informe alguno a la Fiscalía, lo que permitió trabar durante meses el proceso.
Pidieron solo bienes
Sin embargo, una nueva serie de elementos demuestran que también hubo una llamativa ineficacia por parte del Ministerio Público en esta causa. Cuando asumió el actual contralor general, Camilo Benítez Aldana, se encontró con que en realidad la Fiscalía no había solicitado examen de correspondencia alguna.
Benítez Aldana relató a ABC Color que lo que había solicitado la Fiscalía era la revisión de una lista de inmuebles que supuestamente figuraban a nombre del legislador liberal, algo que en realidad competería a otras entidades como, por ejemplo, Registros Públicos o Catastro.
El contralor refirió además que al encontrarse con ese documento, ordenó que se remitieran cuanto antes las Declaraciones Juradas del legislador al Ministerio Público, aclarando a esa institución que en todo caso la información solicitada sobre inmuebles podría estar allí.
“No respondió nunca”, indicó Benítez Aldana cuando se le preguntó qué había hecho su predecesor con el pedido remitido por la Fiscalía.
Además, el contralor dijo que no hay registro de que se haya realizado análisis de correspondencia alguno al legislador Amarilla. Recordó que el ente iniciará esta semana el estudio de las declaraciones juradas de todas las autoridades de la República y que el liberal estará incluido en ese análisis cuando le toque el turno al Poder Legislativo.
Amarilla es otro político que se hizo millonario en la función pública. Fue administrador en la Universidad Nacional de Asunción, en 2013 llegó a diputado y en 2018 asumió como senador.
Gracias a Contraloría y Fiscalía, el legislador sigue sin dar respuesta alguna.