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La empresa Príncipe Di Savoia SA se constituyó en el 2009 y figuran como accionistas Ada Rosalina Cazo Barrios, Juvencio Torres Noceda y Pedro Martínez Silva. La primera, en Tributación presenta declaraciones “sin movimiento”; Torres, su declaración en la SET no excede G. 30 millones anuales; y Martínez Silva no figura como contribuyente, de acuerdo a los averiguaciones hechas por nuestro diario.
Torres fue juez de Luque y, durante mucho tiempo, protegido por el imputado senador cartista González Daher, desde el Jurado de Enjuiciamiento. Posteriormente fue removido ante las numerosas denuncias en su contra y porque habría roto sus buenas relaciones con el legislador. Se presume que los citados accionistas de la firma investigada serían testaferros, atendiendo que el movimiento de la empresa no coincide con las capacidades económicas de Cazo Barrios, Torres y Martínez Silva. Este último figura como asistente administrativo en el Senado con un sueldo de G. 3.500.000.
Directorio
Desde la constitución de Príncipe Di Savoia SA el directorio de la empresa estuvo conformado por Óscar González Chaves (presidente), Óscar Alberto González Daher (director titular) y María Emilia González Chaves (directora titular).
Según los numerosos casos similares investigados por el Ministerio público, este esquema se utiliza para intentar disimular el beneficiario final o desviar la atención de quién o quiénes manejan realmente la firma.
De acuerdo a los datos obtenidos por nuestro diario Príncipe Di Savoia SA es dueña actualmente de 52 inmuebles y en el momento de su constitución (2009) tenía un capital de G. 1.000 millones integrado en efectivo y varias propiedades.
Fuertes sospechas
Existen suficientes elementos sospechosos de que la empresa es realmente de la familia González Chaves, ya que en la SET la firma solo registra al senador González Daher y sus dos hijos. No aparecen Ada Rosalina Barrios, Juvencio Torres y Pedro Martínez Silva, quienes serían los testaferros.
El viernes último el fiscal René Fernández, quien tiene a su cargo la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, solicitó informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación contra los vinculados a Príncipe Di Savoia SA y otros personas, que formarían parte del esquema reportado por Seprelad.