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La decisión de expulsar del cargo de senador a Dionisio Amarilla, ocurrida por aplastante mayoría, estuvo precedida de una larguísima exposición de defensa del político ante el pleno. Realizó veladas amenazas a sus colegas y expuso conversaciones que tuvo con ellos en las que, según él, le hicieron pedidos que no correspondían.
El afectado reiteró los argumentos expuestos ante la comisión de Asuntos Constitucionales, reconociendo haber hecho de gestor de una reunión en la que se habló de parar una publicación para evitar perjudicar el millonario contrato de una empresa privada con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Amarilla y la bancada llanista intentaron primero dejar sin efecto la sesión con una solicitud de aplazamiento por una semana por falta de dictamen y con el argumento de que aguardaban acceder a una grabación clave. Sin embargo, el pedido fue rechazado.
Antes del inicio de la sesión, presentaron también un proyecto de pérdida de investidura del senador Patrick Kemper (Hagamos), acusándolo de haber presionado al ahora exlegislador y de pedirle favores para un amigo empresario del sector combustibles.
Ese proyecto después fue retirado y reemplazado por otro que disponía solo sancionar a Amarilla, en los términos del artículo 190 de la Constitución (el mismo que se utilizó con Paraguayo Cubas), con 60 días de suspensión sin goce de dieta. Este intento, ya durante el debate de la pérdida de investidura, tampoco prosperó.
Amarilla estuvo acompañado para su defensa de los abogados Carlos Bogado y Carolina Ferreira de Gorostiaga, quienes intentaron argumentar desde el punto de vista netamente judicial.
La abogada Ferreira fue llamada al orden por el presidente del Senado, Silvio Ovelar, dado que en su intervención en vez de defender a Amarilla, criticó fuertemente a los senadores, lo que motivó la reacción airada de algunos de ellos.
El político llanista y sus abogados mencionaron repetidamente la carencia de pruebas y reclamaron un vídeo que solicitaron al diario ABC Color. Empero, el senador Sergio Godoy (ANR-HC) y la senadora Desirée Masi señalaron que Amarilla admitió la reunión y haber dicho lo que dijo, por lo cual era suficiente prueba del mal uso de influencias.