Exintendente chicanea juicio para ser elegido concejal

El exintendente de la ciudad de Mariano Roque Alonso Walberto Zárate (ANR) viene trabando el avance del proceso penal en su contra para evitar la realización del juicio oral y público. Su intención es lograr ser electo concejal en los comicios del 15 de noviembre. Sin embargo, de ser hallado culpable no podría asumir el cargo en la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso.

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Una nueva fecha de juicio oral y público para Zárate está fijada para el próximo lunes 2 de noviembre ante un Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por la jueza Dina Marchuk. En la Fiscalía se sospecha que nuevamente cambie de abogado para así postergar el juicio oral. En el último intento de realizar el juicio, en agosto pasado, Zárate ya había cambiado de abogado y logró la postergación del juicio oral y público. La actual fiscala a cargo de la causa es Emilda Álvarez.

Zárate fue destituido vía juicio político en el 2009 luego de que numerosas denuncias de corrupción en su administración derivaran en una intervención y un informe de la interventora Norma Valiente, quien dijo haber encontrado hechos de estafa, nepotismo, tráfico de influencias y lesión de confianza, lo que motivó que el plenario de la Cámara de Diputados lo removiera del cargo. En esa ocasión, un total 43 diputados votaron por su remoción y 10 se abstuvieron.

Los abogados de Zárate vienen chicaneando el proceso de manera sistemática para que el exintendente destituido por corrupción intente en las elecciones del 15 de noviembre conseguir una banca de concejal en la Municipalidad de Roque Alonso. En la lista de candidatos ocupa el quinto lugar de la ANR, por lo que busca afanosamente postergar el juicio para luego de las elecciones municipales.

Un informe de la Contraloría General señala que solamente en el 2007 pudo comprobarse un faltante de G. 12.710.600, correspondiente a las recaudaciones recibidas y no depositadas en cuentas de la Municipalidad. La Contraloría también encontró la omisión en los registros de Gastos de la Ejecución Presupuestaria por G. 30.480.306 al cierre del ejercicio fiscal 2007, entre muchas otras irregularidades por millonarios montos, detectados en su gestión.

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